Constituci�n de Venezuela

Constituci�n vigente de Venezuela ==rnrn----rnrn=== ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE ===rnrn=== PRE�MBULO ===rnrnEl pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protecci�n de Dios, el ejemplo hist�rico de nuestro Libertador Sim�n Bol�var y el hero�smo y sacrificio de nuestros antepasados abor�genes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la Rep�blica para establecer una sociedad democr�tica, participativa y protag�nica, multi�tnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien com�n, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educaci�n, a la justicia social y a la igualdad sin discriminaci�n ni subordinaci�n alguna; promueva la cooperaci�n pac�fica entre las naciones e impulse y consolide la integraci�n latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervenci�n y autodeterminaci�n de los pueblos, la garant�a universal e indivisible de los derechos humanos, la democratizaci�n de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecol�gico y los bienes jur�dicos ambientales como patrimonio com�n e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democr�tico, decreta la siguienternrn== CONSTITUCI�N ==rnrn== T�TULO IrnPRINCIPIOS FUNDAMENTALES ==rnrnArt�culo 1. La Rep�blica Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Sim�n Bol�var, el Libertador.rnrnSon derechos irrenunciables de la Naci�n la independencia, la libertad, la soberan�a, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminaci�n nacional.rnrnArt�culo 2. Venezuela se constituye en un Estado democr�tico y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jur�dico y de su actuaci�n, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la �tica y el pluralismo pol�tico.rnrnArt�culo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democr�tico de la voluntad popular, la construcci�n de una sociedad justa y amante de la paz, la promoci�n de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garant�a del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constituci�n.rnrnLa educaci�n y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.rnrnArt�culo 4. La Rep�blica Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los t�rminos consagrados en esta Constituci�n, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperaci�n, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.rnrnArt�culo 5. La soberan�a reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constituci�n y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los �rganos que ejercen el Poder P�blico.rnrnLos �rganos del Estado emanan de la soberan�a popular y a ella est�n sometidos.rnrnArt�culo 6. El gobierno de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela y de las entidades pol�ticas que la componen es y ser� siempre democr�tico, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.rnrnArt�culo 7. La Constituci�n es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jur�dico. Todas las personas y los �rganos que ejercen el Poder P�blico est�n sujetos a esta Constituci�n.rnrnArt�culo 8. La bandera nacional con los colores amarillo, azul y rojo; el himno nacional Gloria al bravo pueblo y el escudo de armas de la Rep�blica son los s�mbolos de la patria.rnLa ley regular� sus caracter�sticas, significados y usos.rnrnArt�culo 9. El idioma oficial es el castellano. Los idiomas ind�genas tambi�n son de uso oficial para los pueblos ind�genas y deben ser respetados en todo el territorio de la Rep�blica, por constituir patrimonio cultural de la Naci�n y de la humanidad.rnrn== T�TULO IIrnDEL ESPACIO GEOGR�FICO Y LA DIVISI�N POL�TICA ==rnrn=== Cap�tulo IrnDel Territorio y dem�s Espacios Geogr�ficos ===rnrnArt�culo 10. El territorio y dem�s espacios geogr�ficos de la Rep�blica son los que correspond�an a la Capitan�a General de Venezuela antes de la transformaci�n pol�tica iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.rnrnArt�culo 11. La soberan�a plena de la Rep�blica se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, �reas marinas interiores, hist�ricas y vitales y las comprendidas dentro de las l�neas de base recta que ha adoptado o adopte la Rep�blica; el suelo y subsuelo de �stos; el espacio a�reo continental, insular y mar�timo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los gen�ticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales all� se hallen.rnrnEl espacio insular de la Rep�blica comprende el archipi�lago de Los Monjes, archipi�lago de Las Aves, archipi�lago de Los Roques, archipi�lago de La Orchila, isla La Tortuga, isla La Blanquilla, archipi�lago Los Hermanos, islas de Margarita, Cubagua y Coche, archipi�lago de Los Frailes, isla La Sola, archipi�lago de Los Testigos, isla de Patos e isla de Aves; y, adem�s, las islas, islotes, cayos y bancos situados o que emerjan dentro del mar territorial, en el que cubre la plataforma continental o dentro de los l�mites de la zona econ�mica exclusiva.rnrnSobre los espacios acu�ticos constituidos por la zona mar�tima contigua, la plataforma continental y la zona econ�mica exclusiva, la Rep�blica ejerce derechos exclusivos de soberan�a y jurisdicci�n en los t�rminos, extensi�n y condiciones que determinen el derecho internacional p�blico y la ley.rnrnCorresponden a la Rep�blica derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las �reas que son o puedan ser patrimonio com�n de la humanidad, en los t�rminos, extensi�n y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislaci�n nacional.rnrnArt�culo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona econ�mica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la Rep�blica, son bienes del dominio p�blico y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio p�blico.rnrnArt�culo 13. El territorio no podr� ser jam�s cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.rnrnEl espacio geogr�fico venezolano es una zona de paz. No se podr�n establecer en �l bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera prop�sitos militares, por parte de ninguna potencia o coalici�n de potencias.rnrnLos Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional s�lo podr�n adquirir inmuebles para sedes de sus representaciones diplom�ticas o consulares dentro del �rea que se determine y mediante garant�as de reciprocidad, con las limitaciones que establezca la ley. En dicho caso quedar� siempre a salvo la soberan�a nacional.rnrnLas tierras bald�as existentes en las dependencias federales y en las islas fluviales o lacustres no podr�n enajenarse, y su aprovechamiento s�lo podr� concederse en forma que no implique, directa ni indirectamente, la transferencia de la propiedad de la tierra.rnrnArt�culo 14. La ley establecer� un r�gimen jur�dico especial para aquellos territorios que por libre determinaci�n de sus habitantes y con aceptaci�n de la Asamblea Nacional, se incorporen al de la Rep�blica.rnrnArt�culo 15. El Estado tiene la responsabilidad de establecer una pol�tica integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y mar�timos, preservando la integridad territorial, la soberan�a, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, econ�mico, social y la integraci�n. Atendiendo la naturaleza propia de cada regi�n fronteriza a trav�s de asignaciones econ�micas especiales, una Ley Org�nica de Fronteras determinar� las obligaciones y objetivos de esta responsabilidad.rnrn=== Cap�tulo IIrnDe la Divisi�n Pol�tica ===rnrnArt�culo 16. Con el fin de organizar pol�ticamente la Rep�blica, el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios.rnrnLa divisi�n pol�ticoterritorial ser� regulada por ley org�nica, que garantice la autonom�a municipal y la descentralizaci�n pol�tico administrativa. Dicha ley podr� disponer la creaci�n de territorios federales en determinadas �reas de los Estados, cuya vigencia queda supeditada a la realizaci�n de un referendo aprobatorio en la entidad respectiva. Por ley especial podr� darse a un territorio federal la categor�a de Estado, asign�ndosele la totalidad o una parte de la superficie del territorio respectivo.rnrnArt�culo 17. Las dependencias federales son las islas mar�timas no integradas en el territorio de un Estado, as� como las islas que se formen o aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma continental. Su r�gimen y administraci�n estar�n se�alados en la ley.rnrnArt�culo 18. La ciudad de Caracas es la capital de la Rep�blica y el asiento de los �rganos del Poder Nacional.rnrnLo dispuesto en este art�culo no impide el ejercicio del Poder Nacional en otros lugares de la Rep�blica.rnrnUna ley especial establecer� la unidad pol�tico territorial de la ciudad de Caracas que integre en un sistema de gobierno municipal a dos niveles, los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes del Estado Miranda. Dicha ley establecer� su organizaci�n, gobierno, administraci�n, competencia y recursos, para alcanzar el desarrollo arm�nico e integral de la ciudad. En todo caso la ley garantizar� el car�cter democr�tico y participativo de su gobierno.rnrn== T�TULO IIIrnDE LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANT�AS, Y DE LOS DEBERES ==rnrn=== Cap�tulo IrnDisposiciones Generales ===rnrnArt�culo 19. El Estado garantizar� a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminaci�n alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garant�a son obligatorios para los �rganos del Poder P�blico de conformidad con esta Constituci�n, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la Rep�blica y con las leyes que los desarrollen.rnrnArt�culo 20. Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin m�s limitaciones que las que derivan del derecho de las dem�s y del orden p�blico y social.rnrnArt�culo 21. Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia:rn:1. No se permitir�n discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condici�n social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. rn:2. La ley garantizar� las condiciones jur�dicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptar� medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; proteger� especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar� los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. rn:3. S�lo se dar� el trato oficial de ciudadano o ciudadana; salvo las f�rmulas diplom�ticas. rn:4. No se reconocen t�tulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. rnrnArt�culo 22. La enunciaci�n de los derechos y garant�as contenidos en esta Constituci�n y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negaci�n de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.rnrnArt�culo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarqu�a constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio m�s favorables a las establecidas por esta Constituci�n y en las leyes de la Rep�blica, y son de aplicaci�n inmediata y directa por los tribunales y dem�s �rganos del Poder P�blico.rnrnArt�culo 24. Ninguna disposici�n legislativa tendr� efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicar�n desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimar�n en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.rnrnCuando haya dudas se aplicar� la norma que beneficie al reo o a la rea.rnrnArt�culo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder P�blico que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constituci�n y la ley es nulo, y los funcionarios p�blicos y funcionarias p�blicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, seg�n los casos, sin que les sirvan de excusa �rdenes superiores.rnrnArt�culo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los �rganos de administraci�n de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisi�n correspondiente.rnrnEl Estado garantizar� una justicia gratuita, accesible, imparcial, id�nea, transparente, aut�noma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones in�tiles.rnrnArt�culo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garant�as constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constituci�n o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.rnrnEl procedimiento de la acci�n de amparo constitucional ser� oral, p�blico, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendr� potestad para restablecer inmediatamente la situaci�n jur�dica infringida o la situaci�n que m�s se asemeje a ella. Todo tiempo ser� h�bil y el tribunal lo tramitar� con preferencia a cualquier otro asunto.rnrnLa acci�n de amparo a la libertad o seguridad podr� ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida ser� puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilaci�n alguna.rnrnEl ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaraci�n del estado de excepci�n o de la restricci�n de garant�as constitucionales.rnrnArt�culo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la informaci�n y a los datos que sobre s� misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, as� como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualizaci�n, la rectificaci�n o la destrucci�n de aquellos, si fuesen err�neos o afectasen ileg�timamente sus derechos. Igualmente, podr� acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan informaci�n cuyo conocimiento sea de inter�s para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de informaci�n period�stica y de otras profesiones que determine la ley.rnrnArt�culo 29. El Estado estar� obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.rnrnLas acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los cr�menes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad ser�n investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnist�a.rnrnArt�culo 30. El Estado tendr� la obligaci�n de indemnizar integralmente a las v�ctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de da�os y perjuicios.rnrnEl Estado adoptar� las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este art�culo.rnrnEl Estado proteger� a las v�ctimas de delitos comunes y procurar� que los culpables reparen los da�os causados.rnrnArt�culo 31. Toda persona tiene derecho, en los t�rminos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la Rep�blica, a dirigir peticiones o quejas ante los �rganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.rnrnEl Estado adoptar�, conforme a procedimientos establecidos en esta Constituci�n y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los �rganos internacionales previstos en este art�culo.rnrn=== Cap�tulo IIrnDe la nacionalidad y de la ciudadan�a ===rnrnSecci�n Primera: De la NacionalidadrnrnArt�culo 32. Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:rn:1. Toda persona nacida en el territorio de la Rep�blica. rn:2. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento y madre venezolana por nacimiento. rn:3. Toda persona nacida en territorio extranjero, hijo o hija de padre venezolano por nacimiento o madre venezolana por nacimiento, siempre que establezcan su residencia en el territorio de la Rep�blica o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. rn:4. Toda persona nacida en territorio extranjero de padre venezolano por naturalizaci�n o madre venezolana por naturalizaci�n siempre que antes de cumplir dieciocho a�os de edad, establezca su residencia en el territorio de la Rep�blica y antes de cumplir veinticinco a�os de edad declare su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. rnrnArt�culo 33. Son venezolanos y venezolanas por naturalizaci�n:rn:1. Los extranjeros o extranjeras que obtengan carta de naturaleza. A tal fin deber�n tener domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida de, por lo menos, diez a�os, inmediatamente anteriores a la fecha de la respectiva solicitud. rnEl tiempo de residencia se reducir� a cinco a�os en el caso de aquellos y aquellas que tuvieren la nacionalidad originaria de Espa�a, Portugal, Italia, pa�ses latinoamericanos y del Caribe. rn:2. Los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio con venezolanas o venezolanos desde que declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo menos cinco a�os a partir de la fecha del matrimonio. rn:3. Los extranjeros o extranjeras menores de edad para la fecha de la naturalizaci�n del padre o de la madre que ejerza sobre ellos la patria potestad, siempre que declaren su voluntad de ser venezolanos o venezolanas antes de cumplir los veinti�n a�os de edad y hayan residido en Venezuela, ininterrumpidamente, durante los cinco a�os anteriores a dicha declaraci�n. rnrnArt�culo 34. La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad.rnrnArt�culo 35. Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podr�n ser privados o privadas de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalizaci�n s�lo podr� ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley.rnrnArt�culo 36. Se puede renunciar a la nacionalidad venezolana. Quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la Rep�blica por un lapso no menor de dos a�os y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los venezolanos y venezolanas por naturalizaci�n que renuncien a la nacionalidad venezolana podr�n recuperarla cumpliendo nuevamente los requisitos exigidos en el art�culo 33 de esta Constituci�n.rnrnArt�culo 37. El Estado promover� la celebraci�n de tratados internacionales en materia de nacionalidad, especialmente con los Estados fronterizos y los se�alados en el numeral 1 del art�culo 33 de esta Constituci�n.rnrnArt�culo 38. La ley dictar�, de conformidad con las disposiciones anteriores, las normas sustantivas y procesales relacionadas con la adquisici�n, opci�n, renuncia y recuperaci�n de la nacionalidad venezolana, as� como con la revocaci�n y nulidad de la naturalizaci�n.rnrnSecci�n Segunda: De la Ciudadan�arnrnArt�culo 39. Los venezolanos y venezolanas que no est�n sujetos o sujetas a inhabilitaci�n pol�tica ni a interdicci�n civil, y en las condiciones de edad previstas en esta Constituci�n, ejercen la ciudadan�a y, en consecuencia, son titulares de derechos y deberes pol�ticos de acuerdo con esta Constituci�n.rnrnArt�culo 40. Los derechos pol�ticos son privativos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento, salvo las excepciones establecidas en esta Constituci�n.rnrnGozan de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento los venezolanos y venezolanas por naturalizaci�n que hubieren ingresado al pa�s antes de cumplir los siete a�os de edad y residido en �l permanentemente hasta alcanzar la mayoridad.rnrnArt�culo 41. S�lo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podr�n ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la Rep�blica, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la Rep�blica, Contralor o Contralora General de la Rep�blica, Fiscal General de la Rep�blica, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la Naci�n, finanzas, energ�a y minas, educaci�n; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y aquellos contemplados en la ley org�nica de la Fuerza Armada Nacional.rnrnPara ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, Ministros o Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por naturalizaci�n deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de quince a�os y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley.rnrnArt�culo 42. Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadan�a. El ejercicio de la ciudadan�a o de alguno de los derechos pol�ticos s�lo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.rnrn=== Cap�tulo IIIrnDe los Derechos Civiles ===rnrnArt�culo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podr� establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado proteger� la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.rnrnArt�culo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:rn:1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso ser� llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detenci�n. Ser� juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.rn:La constituci�n de cauci�n exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causar� impuesto alguno.rn:2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y �stos o �stas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detenci�n y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado f�sico y ps�quico de la persona detenida, ya sea por s� mismos o por s� mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevar� un registro p�blico de toda detenci�n realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron.rnRespecto a la detenci�n de extranjeros o extranjeras se observar�, adem�s, la notificaci�n consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia.rn:3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habr� condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no exceder�n de treinta a�os.rn:4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estar� obligada a identificarse.rn:5. Ninguna persona continuar� en detenci�n despu�s de dictada orden de excarcelaci�n por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta.rnrnArt�culo 45. Se proh�be a la autoridad p�blica, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepci�n o restricci�n de garant�as, practicar, permitir o tolerar la desaparici�n forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucci�n para practicarla, tiene la obligaci�n de no obedecerla y denunciarla a las autoridades competentes. Los autores o autoras intelectuales y materiales, c�mplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparici�n forzada de personas, as� como la tentativa de comisi�n del mismo, ser�n sancionados o sancionadas de conformidad con la ley.rnrnArt�culo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad f�sica, ps�quica y moral, en consecuencia:rn:1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda v�ctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado, tiene derecho a la rehabilitaci�n. rn:2. Toda persona privada de libertad ser� tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. rn:3. Ninguna persona ser� sometida sin su libre consentimiento a experimentos cient�ficos, o a ex�menes m�dicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. rn:4. Todo funcionario p�blico o funcionaria p�blica que, en raz�n de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos f�sicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, ser� sancionado o sancionada de acuerdo con la ley. rnrnArt�culo 47. El hogar dom�stico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podr�n ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetraci�n de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano.rnrnLas visitas sanitarias que se practiquen, de conformidad con la ley, s�lo podr�n hacerse previo aviso de los funcionarios o funcionarias que las ordenen o hayan de practicarlas.rnrnArt�culo 48. Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podr�n ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preserv�ndose el secreto de lo privado que no guarde relaci�n con el correspondiente proceso.rnrnArt�culo 49. El debido proceso se aplicar� a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:rn:1. La defensa y la asistencia jur�dica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigaci�n y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Ser�n nulas las pruebas obtenidas mediante violaci�n del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constituci�n y la ley.rn:2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.rn:3. Toda persona tiene derecho a ser o�da en cualquier clase de proceso, con las debidas garant�as y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un int�rprete.rn:4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garant�as establecidas en esta Constituci�n y en la ley. Ninguna persona podr� ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podr� ser procesada por tribunales de excepci�n o por comisiones creadas para tal efecto.rn:5. Ninguna persona podr� ser obligada a confesarse culpable o declarar contra s� misma, su c�nyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.rnLa confesi�n solamente ser� v�lida si fuere hecha sin coacci�n de ninguna naturaleza.rn:6. Ninguna persona podr� ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.rn:7. Ninguna persona podr� ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.rn:8. Toda persona podr� solicitar del Estado el restablecimiento o reparaci�n de la situaci�n jur�dica lesionada por error judicial, retardo u omisi�n injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra �stos o �stas.rnrnArt�culo 50. Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la Rep�blica y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el pa�s, traer sus bienes al pa�s o sacarlos, sin m�s limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesi�n de v�as, la ley establecer� los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una v�a alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al pa�s sin necesidad de autorizaci�n alguna.rnrnNing�n acto del Poder P�blico podr� establecer la pena de extra�amiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas.rnrnArt�culo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario p�blico o funcionaria p�blica sobre los asuntos que sean de la competencia de �stos o �stas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho ser�n sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.rnrnArt�culo 52. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines l�citos, de conformidad con la ley. El Estado estar� obligado a facilitar el ejercicio de este derecho.rnrnArt�culo 53. Toda persona tiene el derecho de reunirse, p�blica o privadamente, sin permiso previo, con fines l�citos y sin armas. Las reuniones en lugares p�blicos se regir�n por la ley.rnrnArt�culo 54. Ninguna persona podr� ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, ni�os, ni�as y adolescentes en todas sus formas, estar� sujeta a las penas previstas en la ley.rnrnArt�culo 55. Toda persona tiene derecho a la protecci�n por parte del Estado a trav�s de los �rganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad f�sica de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.rnrnLa participaci�n de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevenci�n, seguridad ciudadana y administraci�n de emergencias ser� regulada por una ley especial.rnrnLos cuerpos de seguridad del Estado respetar�n la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias t�xicas por parte del funcionario policial y de seguridad estar� limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.rnrnArt�culo 56. Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizar� el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.rnrnToda persona tienen derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil despu�s de su nacimiento y a obtener documentos p�blicos que comprueben su identidad biol�gica, de conformidad con la ley. �stos no contendr�n menci�n alguna que califique la filiaci�n.rnrnArt�culo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresi�n, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicaci�n y difusi�n, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.rnrnSe proh�be la censura a los funcionarios p�blicos o funcionarias p�blicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.rnrnArt�culo 58. La comunicaci�n es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la informaci�n oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constituci�n, as� como a la r�plica y rectificaci�n cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los ni�os, ni�as y adolescentes tienen derecho a recibir informaci�n adecuada para su desarrollo integral.rnrnArt�culo 59. El Estado garantizar� la libertad de religi�n y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en p�blico, mediante la ense�anza u otras pr�cticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden p�blico. Se garantiza, as� mismo, la independencia y la autonom�a de las iglesias y confesiones religiosas, sin m�s limitaciones que las derivadas de esta Constituci�n y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educaci�n religiosa que est� de acuerdo con sus convicciones.rnrnNadie podr� invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus derechos.rnrnArt�culo 60. Toda persona tiene derecho a la protecci�n de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputaci�n.rnrnLa ley limitar� el uso de la inform�tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.rnrnArt�culo 61. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su pr�ctica afecte su personalidad o constituya delito. La objeci�n de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.rnrn=== Cap�tulo IVrnDe los Derechos Pol�ticos y del Referendo Popular ===rnrnSecci�n Primera: De los Derechos Pol�ticosrnrnArt�culo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos p�blicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.rnrnLa participaci�n del pueblo en la formaci�n, ejecuci�n y control de la gesti�n p�blica es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligaci�n del Estado y deber de la sociedad facilitar la generaci�n de las condiciones m�s favorables para su pr�ctica.rnrnArt�culo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercer� mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizar� el principio de la personalizaci�n del sufragio y la representaci�n proporcional.rnrnArt�culo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho a�os de edad y que no est�n sujetos a interdicci�n civil o inhabilitaci�n pol�tica.rnrnEl voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se har� extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido dieciocho a�os de edad, con m�s de diez a�os de residencia en el pa�s, con las limitaciones establecidas en esta Constituci�n y en la ley, y que no est�n sujetos a interdicci�n civil o inhabilitaci�n pol�tica.rnrnArt�culo 65. No podr�n optar a cargo alguno de elecci�n popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio p�blico, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito.rnrnArt�culo 66. Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas p�blicas, transparentes y peri�dicas sobre su gesti�n, de acuerdo con el programa presentado.rnrnArt�culo 67. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines pol�ticos, mediante m�todos democr�ticos de organizaci�n, funcionamiento y direcci�n. Sus organismos de direcci�n y sus candidatos o candidatas a cargos de elecci�n popular ser�n seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participaci�n de sus integrantes. No se permitir� el financiamiento de las asociaciones con fines pol�ticos con fondos provenientes del Estado.rnrnLa ley regular� lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines pol�ticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. As� mismo regular� las campa�as pol�ticas y electorales, su duraci�n y l�mites de gastos propendiendo a su democratizaci�n.rnrnLos ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines pol�ticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de la propaganda pol�tica y de las campa�as electorales ser� regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines pol�ticos no podr�n contratar con entidades del sector p�blico.rnrnArt�culo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pac�ficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.rnrnSe proh�be el uso de armas de fuego y sustancias t�xicas en el control de manifestaciones pac�ficas. La ley regular� la actuaci�n de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden p�blico.rnrnArt�culo 69. La Rep�blica Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.rnrnSe proh�be la extradici�n de venezolanos y venezolanas.rnrnArt�culo 70. Son medios de participaci�n y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberan�a, en lo pol�tico: la elecci�n de cargos p�blicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones ser�n de car�cter vinculante, entre otros; y en lo social y econ�mico, las instancias de atenci�n ciudadana, la autogesti�n, la cogesti�n, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de car�cter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y dem�s formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperaci�n y la solidaridad.rnrnLa ley establecer� las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participaci�n previstos en este art�culo.rnrnSecci�n Segunda: Del Referendo PopularrnrnArt�culo 71. Las materias de especial trascendencia nacional podr�n ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la Rep�blica en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayor�a de sus integrantes; o a solicitud de un n�mero no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.rnrnTambi�n podr�n ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un n�mero no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripci�n correspondiente, que lo soliciten.rnrnArt�culo 72. Todos los cargos y magistraturas de elecci�n popular son revocables.rnrnTranscurrida la mitad del per�odo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un n�mero no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripci�n podr� solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.rnrnCuando igual o mayor n�mero de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un n�mero de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerar� revocado su mandato y se proceder� de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constituci�n y en la ley.rnrnLa revocaci�n del mandato para los cuerpos colegiados se realizar� de acuerdo con lo que establezca la ley.rnrnDurante el per�odo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podr� hacerse m�s de una solicitud de revocaci�n de su mandato.rnrnArt�culo 73. Ser�n sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusi�n por la Asamblea Nacional, cuando as� lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea. Si el referendo concluye en un s� aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente ser� sancionado como ley.rnrnLos tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberan�a nacional o transferir competencias a �rganos supranacionales, podr�n ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la Rep�blica en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por ciento de los electores o electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.rnrnArt�culo 74. Ser�n sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogaci�n fuere solicitada por iniciativa de un n�mero no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la Rep�blica en Consejo de Ministros.rnrnTambi�n podr�n ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la Rep�blica en uso de la atribuci�n prescrita en el numeral 8 del art�culo 236 de esta Constituci�n, cuando fuere solicitado por un n�mero no menor del cinco por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.rnrnPara la validez del referendo abrogatorio ser� indispensable la concurrencia de, por lo menos, el cuarenta por ciento de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.rnrnNo podr�n ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de cr�dito p�blico ni las de amnist�a, ni aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales.rnrnNo podr� hacerse m�s de un referendo abrogatorio en un per�odo constitucional para la misma materia.rnrn=== Cap�tulo VrnDe los Derechos Sociales y de las Familias ===rnrnArt�culo 75. El Estado proteger� a las familias como asociaci�n natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo com�n, la comprensi�n mutua y el respeto rec�proco entre sus integrantes. El Estado garantizar� protecci�n a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.rnrnLos ni�os, ni�as y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su inter�s superior, tendr�n derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopci�n tiene efectos similares a la filiaci�n y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopci�n internacional es subsidiaria de la nacional.rnrnArt�culo 76. La maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el n�mero de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la informaci�n y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado garantizar� asistencia y protecci�n integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepci�n, durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurar� servicios de planificaci�n familiar integral basados en valores �ticos y cient�ficos.rnrnEl padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y �stos o �stas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por s� mismos o por si mismas. La ley establecer� las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligaci�n alimentaria.rnrnArt�culo 77. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los c�nyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producir�n los mismos efectos que el matrimonio.rnrnArt�culo 78. Los ni�os, ni�as y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estar�n protegidos por la legislaci�n, �rganos y tribunales especializados, los cuales respetar�n, garantizar�n y desarrollar�n los contenidos de esta Constituci�n, la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o y dem�s tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la Rep�blica. El Estado, las familias y la sociedad asegurar�n, con prioridad absoluta, protecci�n integral, para lo cual se tomar� en cuenta su inter�s superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promover� su incorporaci�n progresiva a la ciudadan�a activa, y crear� un sistema rector nacional para la protecci�n integral de los ni�os, ni�as y adolescentes.rnrnArt�culo 79. Los j�venes y las j�venes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participaci�n solidaria de las familias y la sociedad, crear� oportunidades para estimular su tr�nsito productivo hacia la vida adulta y, en particular, para la capacitaci�n y el acceso al primer empleo, de conformidad con la ley.rnrnArt�culo 80. El Estado garantizar� a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garant�as. El Estado, con la participaci�n solidaria de las familias y la sociedad, est� obligado a respetar su dignidad humana, su autonom�a y les garantizar� atenci�n integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podr�n ser inferiores al salario m�nimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizar� el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y est�n en capacidad para ello.rnrnArt�culo 81. Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y aut�nomo de sus capacidades y a su integraci�n familiar y comunitaria. El Estado, con la participaci�n solidaria de las familias y la sociedad, le garantizar� el respeto a su dignidad humana, la equiparaci�n de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y promover� su formaci�n, capacitaci�n y acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a trav�s de la lengua de se�as venezolana.rnrnArt�culo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, c�moda, higi�nicas, con servicios b�sicos esenciales que incluyan un h�bitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacci�n progresiva de este derecho es obligaci�n compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus �mbitos.rnrnEl Estado dar� prioridad a las familias y garantizar� los medios para que �stas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las pol�ticas sociales y al cr�dito para la construcci�n, adquisici�n o ampliaci�n de viviendas.rnrnArt�culo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligaci�n del Estado, que lo garantizar� como parte del derecho a la vida. El Estado promover� y desarrollar� pol�ticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protecci�n de la salud, as� como el deber de participar activamente en su promoci�n y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la Rep�blica.rnrnArt�culo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado crear�, ejercer� la rector�a y gestionar� un sistema p�blico nacional de salud, de car�cter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integraci�n social y solidaridad. El sistema p�blico nacional de salud dar� prioridad a la promoci�n de la salud y a la prevenci�n de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitaci�n de calidad. Los bienes y servicios p�blicos de salud son propiedad del Estado y no podr�n ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificaci�n, ejecuci�n y control de la pol�tica espec�fica en las instituciones p�blicas de salud.rnrnArt�culo 85. El financiamiento del sistema p�blico nacional de salud es obligaci�n del Estado, que integrar� los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizar� un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la pol�tica sanitaria. En coordinaci�n con las universidades y los centros de investigaci�n, se promover� y desarrollar� una pol�tica nacional de formaci�n de profesionales, t�cnicos y t�cnicas y una industria nacional de producci�n de insumos para la salud. El Estado regular� las instituciones p�blicas y privadas de salud.rnrnArt�culo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio p�blico de car�cter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protecci�n en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastr�ficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, p�rdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsi�n social. El Estado tiene la obligaci�n de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no ser� motivo para excluir a las personas de su protecci�n. Los recursos financieros de la seguridad social no podr�n ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios m�dicos y asistenciales y dem�s beneficios de la seguridad social podr�n ser administrados s�lo con fines sociales bajo la rector�a del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educaci�n y la seguridad social se acumular�n a los fines de su distribuci�n y contribuci�n en esos servicios. El sistema de seguridad social ser� regulado por una ley org�nica especial.rnrnArt�culo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizar� la adopci�n de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupaci�n productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptar� medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no ser� sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.rnrnTodo patrono o patrona garantizar� a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptar� medidas y crear� instituciones que permitan el control y la promoci�n de estas condiciones.rnrnArt�culo 88. El Estado garantizar� la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocer� el trabajo del hogar como actividad econ�mica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.rnrnArt�culo 89. El trabajo es un hecho social y gozar� de la protecci�n del Estado. La ley dispondr� lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligaci�n del Estado se establecen los siguientes principios:rn:1. Ninguna ley podr� establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. rn:2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acci�n, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. S�lo es posible la transacci�n y convenimiento al t�rmino de la relaci�n laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley. rn:3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicaci�n o concurrencia de varias normas, o en la interpretaci�n de una determinada norma se aplicar� la m�s favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicar� en su integridad. rn:4. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constituci�n es nulo y no genera efecto alguno. rn:5. Se proh�be todo tipo de discriminaci�n por razones de pol�tica, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condici�n. rn:6. Se proh�be el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los o las proteger� contra cualquier explotaci�n econ�mica y social. rnrnArt�culo 90. La jornada de trabajo diurna no exceder� de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no exceder� de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ning�n patrono o patrona podr� obligar a los trabajadores o trabajadoras a laborar horas extraordinarias. Se propender� a la progresiva disminuci�n de la jornada de trabajo dentro del inter�s social y del �mbito que se determine y se dispondr� lo conveniente para la mejor utilizaci�n del tiempo libre en beneficio del desarrollo f�sico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras.rnrnLos trabajadores y trabajadoras tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente laboradas.rnrnArt�culo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para s� y su familia las necesidades b�sicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizar� el pago de igual salario por igual trabajo y se fijar� la participaci�n que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagar� peri�dica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepci�n de la obligaci�n alimentaria, de conformidad con la ley.rnrnEl Estado garantizar� a los trabajadores y trabajadoras del sector p�blico y del sector privado un salario m�nimo vital que ser� ajustado cada a�o, tomando como una de las referencias el costo de la canasta b�sica. La Ley establecer� la forma y el procedimiento.rnrnArt�culo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antig�edad en el servicio y los amparen en caso de cesant�a. El salario y las prestaciones sociales son cr�ditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozar�n de los mismos privilegios y garant�as de la deuda principal.rnrnArt�culo 93. La ley garantizar� la estabilidad en el trabajo y dispondr� lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constituci�n son nulos.rnrnArt�culo 94. La ley determinar� la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jur�dica en cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de �stos. El Estado establecer�, a trav�s del �rgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de simulaci�n o fraude, con el prop�sito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicaci�n de la legislaci�n laboral.rnrnArt�culo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinci�n alguna y sin necesidad de autorizaci�n previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, as� como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas organizaciones no est�n sujetas a intervenci�n, suspensi�n o disoluci�n administrativa. Los trabajadores y trabajadoras est�n protegidos y protegidas contra todo acto de discriminaci�n o de injerencia contrario al ejercicio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozar�n de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el ejercicio de sus funciones.rnrnPara el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecer�n la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las directivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la libertad sindical para su lucro o inter�s personal, ser�n sancionados o sancionadas de conformidad con la ley. Los y las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales estar�n obligados u obligadas a hacer declaraci�n jurada de bienes.rnrnArt�culo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector p�blico y del privado tienen derecho a la negociaci�n colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin m�s requisitos que los que establezca la ley. El Estado garantizar� su desarrollo y establecer� lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la soluci�n de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas amparan a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripci�n y a quienes ingresen con posterioridad.rnrnArt�culo 97. Todos los trabajadores y trabajadoras del sector p�blico y del privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.rnrn=== Cap�tulo VIrnDe los Derechos Culturales y Educativos ===rnrnArt�culo 98. La creaci�n cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversi�n, producci�n y divulgaci�n de la obra creativa, cient�fica, tecnol�gica y human�stica, incluyendo la protecci�n legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocer� y proteger� la propiedad intelectual sobre las obras cient�ficas, literarias y art�sticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la Rep�blica en esta materia.rnrnArt�culo 99. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentar� y garantizar�, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonom�a de la administraci�n cultural p�blica en los t�rminos que establezca la ley. El Estado garantizar� la protecci�n y preservaci�n, enriquecimiento, conservaci�n y restauraci�n del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria hist�rica de la Naci�n. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Naci�n son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La Ley establecer� las penas y sanciones para los da�os causados a estos bienes.rnrnArt�culo 100. Las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atenci�n especial, reconoci�ndose y respet�ndose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley establecer� incentivos y est�mulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales en el pa�s, as� como la cultura venezolana en el exterior. El Estado garantizar� a los trabajadores y trabajadoras culturales su incorporaci�n al sistema de seguridad social que les permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley.rnrnArt�culo 101. El Estado garantizar� la emisi�n, recepci�n y circulaci�n de la informaci�n cultural. Los medios de comunicaci�n tienen el deber de coadyuvar a la difusi�n de los valores de la tradici�n popular y la obra de los o las artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, cineastas, cient�ficos, cient�ficas y dem�s creadores y creadoras culturales del pa�s. Los medios televisivos deber�n incorporar subt�tulos y traducci�n a la lengua de se�as, para las personas con problemas auditivos. La ley establecer� los t�rminos y modalidades de estas obligaciones.rnrnArt�culo 102. La educaci�n es un derecho humano y un deber social fundamental, es democr�tica, gratuita y obligatoria. El Estado la asumir� como funci�n indeclinable y de m�ximo inter�s en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento cient�fico, human�stico y tecnol�gico al servicio de la sociedad. La educaci�n es un servicio p�blico y est� fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democr�tica basada en la valoraci�n �tica del trabajo y en la participaci�n activa, consciente y solidaria en los procesos de transformaci�n social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visi�n latinoamericana y universal. El Estado, con la participaci�n de las familias y la sociedad, promover� el proceso de educaci�n ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constituci�n y en la ley.rnrnArt�culo 103. Toda persona tiene derecho a una educaci�n integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin m�s limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocaci�n y aspiraciones. La educaci�n es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizar� una inversi�n prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organizaci�n de las Naciones Unidas. El Estado crear� y sostendr� instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminaci�n en el sistema educativo. La ley garantizar� igual atenci�n a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones b�sicas para su incorporaci�n y permanencia en el sistema educativo.rnrnLas contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos p�blicos a nivel medio y universitario ser�n reconocidas como desgrav�menes al impuesto sobre la renta seg�n la ley respectiva.rnrnArt�culo 104. La educaci�n estar� a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad acad�mica. El Estado estimular� su actualizaci�n permanente y les garantizar� la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea p�blica o privada, atendiendo a esta Constituci�n y a la ley, en un r�gimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misi�n. El ingreso, promoci�n y permanencia en el sistema educativo, ser�n establecidos por ley y responder� a criterios de evaluaci�n de m�ritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no acad�mica.rnrnArt�culo 105. La ley determinar� las profesiones que requieren t�tulo y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiaci�n.rnrnArt�culo 106. Toda persona natural o jur�dica, previa demostraci�n de su capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos �ticos, acad�micos, cient�ficos, econ�micos, de infraestructura y los dem�s que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la estricta inspecci�n y vigilancia del Estado, previa aceptaci�n de �ste.rnrnArt�culo 107. La educaci�n ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, as� como tambi�n en la educaci�n ciudadana no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones p�blicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la ense�anza de la lengua castellana, la historia y la geograf�a de Venezuela, as� como los principios del ideario bolivariano.rnrnArt�culo 108. Los medios de comunicaci�n social, p�blicos y privados, deben contribuir a la formaci�n ciudadana. El Estado garantizar� servicios p�blicos de radio, televisi�n y redes de bibliotecas y de inform�tica, con el fin de permitir el acceso universal a la informaci�n. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicaci�n de las nuevas tecnolog�as, de sus innovaciones, seg�n los requisitos que establezca la ley.rnrnArt�culo 109. El Estado reconocer� la autonom�a universitaria como principio y jerarqu�a que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la b�squeda del conocimiento a trav�s de la investigaci�n cient�fica, human�stica y tecnol�gica, para beneficio espiritual y material de la Naci�n. Las universidades aut�nomas se dar�n sus normas de gobierno, funcionamiento y la administraci�n eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonom�a universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigaci�n, docencia y extensi�n. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzar�n su autonom�a de conformidad con la ley.rnrnArt�culo 110. El Estado reconocer� el inter�s p�blico de la ciencia, la tecnolog�a, el conocimiento, la innovaci�n y sus aplicaciones y los servicios de informaci�n necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo econ�mico, social y pol�tico del pa�s, as� como para la seguridad y soberan�a nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinar� recursos suficientes y crear� el sistema nacional de ciencia y tecnolog�a de acuerdo con la ley. El sector privado deber� aportar recursos para las mismos. El Estado garantizar� el cumplimiento de los principios �ticos y legales que deben regir las actividades de investigaci�n cient�fica, human�stica y tecnol�gica. La ley determinar� los modos y medios para dar cumplimiento a esta garant�a.rnrnArt�culo 111. Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreaci�n como actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumir� el deporte y la recreaci�n como pol�tica de educaci�n y salud p�blica y garantizar� los recursos para su promoci�n. La educaci�n f�sica y el deporte cumplen un papel fundamental en la formaci�n integral de la ni�ez y adolescencia. Su ense�anza es obligatoria en todos los niveles de la educaci�n p�blica y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizar� la atenci�n integral de los y las deportistas sin discriminaci�n alguna, as� como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluaci�n y regulaci�n de las entidades deportivas del sector p�blico y del privado, de conformidad con la ley.rnrnLa ley establecer� incentivos y est�mulos a las personas, instituciones y comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas en el pa�s.rnrn=== Cap�tulo VIIrnDe los Derechos Econ�micos ===rnrnArt�culo Art�culo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad econ�mica de su preferencia, sin m�s limitaciones que las previstas en esta Constituci�n y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protecci�n del ambiente u otras de inter�s social. El Estado promover� la iniciativa privada, garantizando la creaci�n y justa distribuci�n de la riqueza, as� como la producci�n de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la poblaci�n, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la econom�a e impulsar el desarrollo integral del pa�s.rnrnArt�culo 113. No se permitir�n monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constituci�n cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. Tambi�n es contrario a dichos principios el abuso de la posici�n de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posici�n de dominio, as� como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptar� las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posici�n de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protecci�n del p�blico consumidor, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la econom�a.rnrnCuando se trate de explotaci�n de recursos naturales propiedad de la Naci�n o de la prestaci�n de servicios de naturaleza p�blica con exclusividad o sin ella, el Estado podr� otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al inter�s p�blico.rnrnArt�culo 114. El il�cito econ�mico, la especulaci�n, el acaparamiento, la usura, la cartelizaci�n y otros delitos conexos, ser�n penados severamente de acuerdo con la ley.rnrnArt�culo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposici�n de sus bienes. La propiedad estar� sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad p�blica o de inter�s general. S�lo por causa de utilidad p�blica o inter�s social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnizaci�n, podr� ser declarada la expropiaci�n de cualquier clase de bienes.rnrnArt�culo 116. No se decretar�n ni ejecutar�n confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constituci�n. Por v�a de excepci�n podr�n ser objeto de confiscaci�n, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jur�dicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio p�blico, los bienes de quienes se hayan enriquecido il�citamente al amparo del Poder P�blico y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tr�fico il�cito de sustancias psicotr�picas y estupefacientesrnrnArt�culo 117. Todas las personas tendr�n derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, as� como a una informaci�n adecuada y no enga�osa sobre el contenido y caracter�sticas de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elecci�n y a un trato equitativo y digno. La ley establecer� los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del p�blico consumidor, el resarcimiento de los da�os ocasionados y las sanciones correspondientes por la violaci�n de estos derechos.rnrnArt�culo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, as� como de la comunidad para desarrollar asociaciones de car�cter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podr�n desarrollar cualquier tipo de actividad econ�mica, de conformidad con la ley. La ley reconocer� las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su car�cter generador de beneficios colectivos.rnrnEl estado promover� y proteger� estas asociaciones destinadas a mejorar la econom�a popular y alternativa.rnrn=== Cap�tulo VIIIrnDe los Derechos de los pueblos ind�genas ===rnrnArt�culo 119. El Estado reconocer� la existencia de los pueblos y comunidades ind�genas, su organizaci�n social, pol�tica y econ�mica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, as� como su h�bitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponder� al Ejecutivo Nacional, con la participaci�n de los pueblos ind�genas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales ser�n inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constituci�n y en la ley.rnrnArt�culo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los h�bitats ind�genas por parte del Estado se har� sin lesionar la integridad cultural, social y econ�mica de los mismos e, igualmente, est� sujeto a previa informaci�n y consulta a las comunidades ind�genas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos ind�genas est�n sujetos a esta Constituci�n y a la ley.rnrnArt�culo 121. Los pueblos ind�genas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad �tnica y cultural, cosmovisi�n, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentar� la valoraci�n y difusi�n de las manifestaciones culturales de los pueblos ind�genas, los cuales tienen derecho a una educaci�n propia y a un r�gimen educativo de car�cter intercultural y biling�e, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.rnrnArt�culo 122. Los pueblos ind�genas tienen derecho a una salud integral que considere sus pr�cticas y culturas. El Estado reconocer� su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeci�n a principios bio�ticos.rnrnArt�culo 123. Los pueblos ind�genas tienen derecho a mantener y promover sus propias pr�cticas econ�micas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participaci�n en la econom�a nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos ind�genas tienen derecho a servicios de formaci�n profesional y a participar en la elaboraci�n, ejecuci�n y gesti�n de programas espec�ficos de capacitaci�n, servicios de asistencia t�cnica y financiera que fortalezcan sus actividades econ�micas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizar� a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos ind�genas el goce de los derechos que confiere la legislaci�n laboral.rnrnArt�culo 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnolog�as e innovaciones de los pueblos ind�genas. Toda actividad relacionada con los recursos gen�ticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguir�n beneficios colectivos. Se proh�be el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.rnrnArt�culo 125. Los pueblos ind�genas tienen derecho a la participaci�n pol�tica. El Estado garantizar� la representaci�n ind�gena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con poblaci�n ind�gena, conforme a la ley.rnrnArt�culo 126. Los pueblos ind�genas, como culturas de ra�ces ancestrales, forman parte de la Naci�n, del Estado y del pueblo venezolano como �nico, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constituci�n tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberan�a nacional.rnrnEl t�rmino pueblo no podr� interpretarse en esta Constituci�n en el sentido que se le da en el derecho internacional.rnrn=== Cap�tulo IXrnDe los Derechos Ambientales ===rnrnArt�culo 127. Es un derecho y un deber de cada generaci�n proteger y mantener el ambiente en beneficio de s� misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecol�gicamente equilibrado. El Estado proteger� el ambiente, la diversidad biol�gica, los recursos gen�ticos, los procesos ecol�gicos, los parques nacionales y monumentos naturales y dem�s �reas de especial importancia ecol�gica. El genoma de los seres vivos no podr� ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bio�ticos regular� la materia.rnrnEs una obligaci�n fundamental del Estado, con la activa participaci�n de la sociedad, garantizar que la poblaci�n se desenvuelva en un ambiente libre de contaminaci�n, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.rnrnArt�culo 128. El Estado desarrollar� una pol�tica de ordenaci�n del territorio atendiendo a las realidades ecol�gicas, geogr�ficas, poblacionales, sociales, culturales, econ�micas, pol�ticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la informaci�n, consulta y participaci�n ciudadana. Una ley org�nica desarrollar� los principios y criterios para este ordenamiento.rnrnArt�culo 129. Todas las actividades susceptibles de generar da�os a los ecosistemas deben ser previamente acompa�adas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedir� la entrada al pa�s de desechos t�xicos y peligrosos, as� como la fabricaci�n y uso de armas nucleares, qu�micas y biol�gicas. Una ley especial regular� el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias t�xicas y peligrosas.rnrnEn los contratos que la Rep�blica celebre con personas naturales o jur�dicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerar� incluida aun cuando no estuviera expresa, la obligaci�n de conservar el equilibrio ecol�gico, de permitir el acceso a la tecnolog�a y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si �ste resultara alterado, en los t�rminos que fije la ley.rnrn=== Cap�tulo XrnDe los Deberes ===rnrnArt�culo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus s�mbolos y, valores culturales, resguardar y proteger la soberan�a, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminaci�n y los intereses de la Naci�n.rnrnArt�culo 131. Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constituci�n, las leyes y los dem�s actos que en ejercicio de sus funciones dicten los �rganos del Poder P�blico.rnrnArt�culo 132. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida pol�tica, civil y comunitaria del pa�s, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democr�tica y de la paz social.rnrnArt�culo 133. Toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos p�blicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley.rnrnArt�culo 134. Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservaci�n y desarrollo del pa�s, o para hacer frente a situaciones de calamidad p�blica. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso.rnrnToda persona tiene el deber de prestar servicios en las funciones electorales que se les asignen de conformidad con la ley.rnrnArt�culo 135. Las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constituci�n y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los o a las particulares seg�n su capacidad. La ley proveer� lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesi�n, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley.rnrn== T�TULO IVrnDEL PODER P�BLICO ==rnrn=== Cap�tulo IrnDe las Disposiciones Fundamentales ===rnrnSecci�n Primera: Disposiciones GeneralesrnrnArt�culo 136. El Poder P�blico se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder P�blico Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.rnrnCada una de las ramas del Poder P�blico tiene sus funciones propias, pero los �rganos a los que incumbe su ejercicio colaborar�n entre s� en la realizaci�n de los fines del Estado.rnrnArt�culo 137. La Constituci�n y la ley definen las atribuciones de los �rganos que ejercen el Poder P�blico, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.rnrnArt�culo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.rnrnArt�culo 139. El ejercicio del Poder P�blico acarrea responsabilidad individual por abuso o desviaci�n de poder o por violaci�n de esta Constituci�n o de la ley.rnrnArt�culo 140. El Estado responder� patrimonialmente por los da�os que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesi�n sea imputable al funcionamiento de la administraci�n p�blica.rnrnSecci�n Segunda: De la administraci�n p�blicarnrnArt�culo 141. La Administraci�n P�blica est� al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participaci�n, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendici�n de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la funci�n p�blica, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.rnrnArt�culo 142. Los institutos aut�nomos s�lo podr�n crearse por ley. Tales instituciones, as� como los intereses p�blicos en corporaciones o entidades de cualquier naturaleza, estar�n sujetos al control del Estado, en la forma que la ley establezca.rnrnArt�culo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administraci�n P�blica, sobre el estado de las actuaciones en que est�n directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los l�mites aceptables dentro de una sociedad democr�tica en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigaci�n criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificaci�n de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitir� censura alguna a los funcionarios p�blicos o funcionarias p�blicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.rnrnSecci�n Tercera: De la Funci�n P�blicarnrnArt�culo 144. La ley establecer� el Estatuto de la funci�n p�blica mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensi�n y retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administraci�n P�blica, y proveer�n su incorporaci�n a la seguridad social.rnrnLa ley determinar� las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios p�blicos y funcionarias p�blicas para ejercer sus cargos.rnrnArt�culo 145. Los funcionarios p�blicos y funcionarias p�blicas est�n al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoci�n no podr�n estar determinados por la afiliaci�n u orientaci�n pol�tica. Quien est� al servicio de los Municipios, de los Estados, de la Rep�blica y dem�s personas jur�dicas de derecho p�blico o de derecho privado estatales, no podr� celebrar contrato alguno con ellas, ni por s� ni por interp�sita persona, ni en representaci�n de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley.rnrnArt�culo 146. Los cargos de los �rganos de la Administraci�n P�blica son de carrera. Se except�an los de elecci�n popular, los de libre nombramiento y remoci�n, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administraci�n P�blica y los dem�s que determine la Ley.rnrnEl ingreso de los funcionarios p�blicos y las funcionarias p�blicas a los cargos de carrera ser� por concurso p�blico, fundamentado en principios de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estar� sometido a m�todos cient�ficos basados en el sistema de m�ritos, y el traslado, suspensi�n o retiro ser� de acuerdo con su desempe�o.rnrnArt�culo 147. Para la ocupaci�n de cargos p�blicos de car�cter remunerado es necesario que sus respectivos emolumentos est�n previstos en el presupuesto correspondiente.rnrnLas escalas de salarios en la Administraci�n P�blica se establecer�n reglamentariamente conforme a la ley.rnrnLa ley org�nica podr� establecer l�mites razonables a los emolumentos que devenguen los funcionarios p�blicos y funcionarias p�blicas municipales, estadales y nacionales.rnrnLa ley nacional establecer� el r�gimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios p�blicos y funcionarias p�blicas nacionales, estadales y municipales.rnrnArt�culo 148. Nadie podr� desempe�ar a la vez m�s de un destino p�blico remunerado, a menos que se trate de cargos acad�micos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptaci�n de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este art�culo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal.rnrnNadie podr� disfrutar m�s de una jubilaci�n o pensi�n, salvo los casos expresamente determinados en la ley.rnrnArt�culo 149. Los funcionarios p�blicos y funcionarias p�blicas no podr�n aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorizaci�n de la Asamblea Nacional.rnrnSecci�n Cuarta: De los Contratos de Inter�s P�blicornrnArt�culo 150. La celebraci�n de los contratos de inter�s p�blico nacional requerir� la aprobaci�n de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley.rnrnNo podr� celebrarse contrato alguno de inter�s p�blico municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobaci�n de la Asamblea Nacional.rnrnLa ley podr� exigir en los contratos de inter�s p�blico determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garant�as.rnrnArt�culo 151. En los contratos de inter�s p�blico, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los mismos, se considerar� incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cl�usula seg�n la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, ser�n decididas por los tribunales competentes de la Rep�blica, de conformidad con sus leyes, sin que por ning�n motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras.rnrnSecci�n Quinta: De las Relaciones InternacionalesrnrnArt�culo 152. Las relaciones internacionales de la Rep�blica responden a los fines del Estado en funci�n del ejercicio de la soberan�a y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinaci�n y no intervenci�n en sus asuntos internos, soluci�n pac�fica de los conflictos internacionales, cooperaci�n, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipaci�n y el bienestar de la humanidad. La Rep�blica mantendr� la m�s firme y decidida defensa de estos principios y de la pr�ctica democr�tica en todos los organismos e instituciones internacionales.rnrnArt�culo 153. La Rep�blica promover� y favorecer� la integraci�n latinoamericana y caribe�a, en aras de avanzar hacia la creaci�n de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses econ�micos, sociales, culturales, pol�ticos y ambientales de la regi�n. La Rep�blica podr� suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo com�n de nuestras naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la Rep�blica podr� atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integraci�n. Dentro de las pol�ticas de integraci�n y uni�n con Latinoam�rica y el Caribe, la Rep�blica privilegiar� relaciones con Iberoam�rica, procurando sea una pol�tica com�n de toda nuestra Am�rica Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integraci�n ser�n consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicaci�n directa y preferente a la legislaci�n interna.rnrnArt�culo 154. Los tratados celebrados por la Rep�blica deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificaci�n por el Presidente o Presidenta de la Rep�blica, a excepci�n de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la Rep�blica, aplicar principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo Nacional.rnrnArt�culo 155. En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la Rep�blica celebre, se insertar� una cl�usula por la cual las partes se obliguen a resolver por las v�as pac�ficas reconocidas en el derecho internacional o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controversias que pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretaci�n o ejecuci�n si no fuere improcedente y as� lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebraci�n.rnrn=== Cap�tulo IIrnDe la Competencia del Poder P�blico Nacional ===rnrnArt�culo 156. Es de la competencia del Poder P�blico Nacional:rn:1. La pol�tica y la actuaci�n internacional de la Rep�blica.rn:2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la Rep�blica, la conservaci�n de la paz p�blica y la recta aplicaci�n de la ley en todo el territorio nacional.rn:3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de car�cter nacional.rn:4. La naturalizaci�n, la admisi�n, la extradici�n y expulsi�n de extranjeros o extranjeras.rn:5. Los servicios de identificaci�n.rn:6. La polic�a nacional.rn:7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.rn:8. La organizaci�n y r�gimen de la Fuerza Armada Nacional.rn:9. El r�gimen de la administraci�n de riesgos y emergencias.rn:10. La organizaci�n y r�gimen del Distrito Capital y de las dependencias federales.rn:11. La regulaci�n de la banca central, del sistema monetario, del r�gimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la emisi�n y acu�aci�n de moneda.rn:12. La creaci�n, organizaci�n, recaudaci�n, administraci�n y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y dem�s ramos conexos, el capital, la producci�n, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, de los grav�menes a la importaci�n y exportaci�n de bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y dem�s especies alcoh�licas, cigarrillos y dem�s manufacturas del tabaco, y de los dem�s impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta Constituci�n o por la ley.rn:13. La legislaci�n para garantizar la coordinaci�n y armonizaci�n de las distintas potestades tributarias, definir principios, par�metros y limitaciones, especialmente para la determinaci�n de los tipos impositivos o al�cuotas de los tributos estadales y municipales, as� como para crear fondos espec�ficos que aseguren la solidaridad interterritorial.rn:14. La creaci�n y organizaci�n de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudaci�n y control corresponda a los Municipios, de conformidad con esta Constituci�n.rn:15. El r�gimen del comercio exterior y la organizaci�n y r�gimen de las aduanas.rn:16. El r�gimen y administraci�n de las minas e hidrocarburos, el r�gimen de las tierras bald�as, y la conservaci�n, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del pa�s.rnEl Ejecutivo Nacional no podr� otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido.rnrnLa Ley establecer� un sistema de asignaciones econ�micas especiales en beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren situados los bienes que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que tambi�n puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros Estados.rn:17. El R�gimen de metrolog�a legal y control de calidad.rn:18. Los censos y estad�sticas nacionales.rn:19. El establecimiento, coordinaci�n y unificaci�n de normas y procedimientos t�cnicos para obras de ingenier�a, de arquitectura y de urbanismo, y la legislaci�n sobre ordenaci�n urban�stica.rn:20. Las obras p�blicas de inter�s nacional.rn:21. Las pol�ticas macroecon�micas, financieras y fiscales de la Rep�blica.rn:22. El r�gimen y organizaci�n del sistema de seguridad social.rn:23. Las pol�ticas nacionales y la legislaci�n en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente, aguas, turismo, ordenaci�n del territorio.rn:24. Las pol�ticas y los servicios nacionales de educaci�n y salud.rn:25. Las pol�ticas nacionales para la producci�n agr�cola, ganadera, pesquera y forestal.rn:26. El r�gimen de la navegaci�n y del transporte a�reo terrestre, mar�timo, fluvial y lacustre, de car�cter nacional; de los puertos, aeropuertos y su infraestructura.rn:27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.rn:28. El r�gimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, as� como el r�gimen y la administraci�n del espectro electromagn�tico.rn:29. El r�gimen general de los servicios p�blicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas.rn:30. El manejo de la pol�tica de fronteras con una visi�n integral del pa�s, que permita la presencia de la venezolanidad y el mantenimiento territorial y la soberan�a en esos espacios.rn:31. La organizaci�n y administraci�n nacional de la justicia, del Ministerio P�blico y de la Defensor�a del Pueblo.rn:32. La legislaci�n en materia de derechos, deberes y garant�as constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiaci�n por causa de utilidad p�blica o social; la de cr�dito p�blico; la de propiedad intelectual, art�stica e industrial; la del patrimonio cultural y arqueol�gico; la agraria; la de inmigraci�n y poblamiento; la de pueblos ind�genas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsi�n y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notar�as y registro p�blico; la de bancos y la de seguros; la de loter�as, hip�dromos y apuestas en general; la de organizaci�n y funcionamiento de los �rganos del Poder P�blico Nacional y dem�s �rganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia nacional.rn:33. Toda otra materia que la presente Constituci�n atribuya al Poder P�blico Nacional, o que le corresponda por su �ndole o naturaleza.rnrnArt�culo 157. La Asamblea Nacional, por mayor�a de sus integrantes, podr� atribuir a los Municipios o a los Estados determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralizaci�n.rnrnArt�culo 158. La descentralizaci�n, como pol�tica nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la poblaci�n y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestaci�n eficaz y eficiente de los cometidos estatales.rnrn=== Cap�tulo IIIrnDel Poder P�blico Estadal ===rnrnArt�culo 159. Los Estados son entidades aut�nomas e iguales en lo pol�tico, con personalidad jur�dica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberan�a e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constituci�n y las leyes de la Rep�blica.rnrnArt�culo 160. El gobierno y administraci�n de cada Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora. Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco a�os y de estado seglar.rnrnEl Gobernador o Gobernadora ser� elegido o elegida por un per�odo de cuatro a�os por mayor�a de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora podr� ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo per�odo.rnrnArt�culo 161. Los Gobernadores o Gobernadoras rendir�n anual y p�blicamente, cuenta de su gesti�n ante el Contralor o Contralora del Estado y presentar�n un informe de la misma ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificaci�n y Coordinaci�n de Pol�ticas P�blicas.rnrnArt�culo 162. El Poder Legislativo se ejercer� en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un n�mero no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representar�n a la poblaci�n del Estado y a los Municipios. El Consejo Legislativo tendr� las atribuciones siguientes:rn:1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal. rn:2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado. rn:3. Las dem�s que establezcan esta Constituci�n y la ley. rnLos requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligaci�n de rendici�n anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicci�n territorial, se regir�n por las normas que esta Constituci�n establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto les sean aplicables. Los legisladores o legisladoras estadales ser�n elegidos o elegidas por un per�odo de cuatro a�os pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos per�odos consecutivos como m�ximo. La ley nacional regular� el r�gimen de la organizaci�n y el funcionamiento del Consejo Legislativo.rnrnArt�culo 163. Cada Estado tendr� una Contralor�a que gozar� de autonom�a org�nica y funcional. La Contralor�a del Estado ejercer�, conforme a esta Constituci�n y la ley, el control, la vigilancia y la fiscalizaci�n de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contralor�a General de la Rep�blica. Dicho �rgano actuar� bajo la direcci�n y responsabilidad de un Contralor o Contralora, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo ser�n determinadas por la ley, la cual garantizar� su idoneidad e independencia; as� como la neutralidad en su designaci�n, que ser� mediante concurso p�blico.rnrnArt�culo 164. Es de la competencia exclusiva de los estados:rn:1. Dictar su Constituci�n para organizar los poderes p�blicos, de conformidad con lo dispuesto en esta Constituci�n. rn:2. La organizaci�n de sus Municipios y dem�s entidades locales y su divisi�n pol�tico territorial, conforme a esta Constituci�n y a la ley. rn:3. La administraci�n de sus bienes y la inversi�n y administraci�n de sus recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, as� como de aquellos que se les asignen como participaci�n en los tributos nacionales. rn:4. La organizaci�n, recaudaci�n, control y administraci�n de los ramos tributarios propios, seg�n las disposiciones de las leyes nacionales y estadales. rn:5. El r�gimen y aprovechamiento de minerales no met�licos, no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administraci�n de las tierras bald�as en su jurisdicci�n, de conformidad con la ley. rn:6. La organizaci�n de la polic�a y la determinaci�n de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislaci�n nacional aplicable. rn:7. La creaci�n, organizaci�n, recaudaci�n, control y administraci�n de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas. rn:8. La creaci�n, r�gimen y organizaci�n de los servicios p�blicos estadales; rn:9. La ejecuci�n, conservaci�n, administraci�n y aprovechamiento de las v�as terrestres estadales; rn:10. La conservaci�n, administraci�n y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, as� como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinaci�n con el Ejecutivo Nacional. rn:11. Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constituci�n, a la competencia nacional o municipal. rnrnArt�culo 165. Las materias objeto de competencias concurrentes ser�n reguladas mediante leyes de bases dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta legislaci�n estar� orientada por los principios de la interdependencia, coordinaci�n, cooperaci�n, corresponsabilidad y subsidiariedad.rnrnLos Estados descentralizar�n y transferir�n a los Municipios los servicios y competencias que gestionen y que �stos est�n en capacidad de prestar, as� como la administraci�n de los respectivos recursos, dentro de las �reas de competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder P�blico. Los mecanismos de transferencia estar�n regulados por el ordenamiento jur�dico estadal.rnrnArt�culo 166. En cada Estado se crear� un Consejo de Planificaci�n y Coordinaci�n de Pol�ticas P�blicas, presidido por el Gobernador o Gobernadora e integrado por los Alcaldes o Alcaldesas, los directores o directoras estadales de los ministerios; y una representaci�n de los legisladores elegidos o legisladoras elegidas por el Estado a la Asamblea Nacional, del Consejo Legislativo, de los concejales o concejalas y de las comunidades organizadas, incluyendo las ind�genas donde las hubiere. El mismo funcionar� y se organizar� de acuerdo con lo que determine la ley.rnrnArt�culo 167. Son ingresos de los Estados:rn:1. Los procedentes de su patrimonio y de la administraci�n de sus bienes.rn:2. Las tasas por el uso de sus bienes y servicios, multas y sanciones, y las que les sean atribuidas.rn:3. El producto de lo recaudado por concepto de venta de especies fiscales.rn:4. Los recursos que les correspondan por concepto de situado constitucional. El situado es una partida equivalente a un m�ximo del veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuir� entre los Estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje por partes iguales, y el setenta por ciento restante en proporci�n a la poblaci�n de cada una de dichas entidades.rnEn cada ejercicio fiscal, los Estados destinar�n a la inversi�n un m�nimo del cincuenta por ciento del monto que les corresponda por concepto de situado. A los Municipios de cada Estado les corresponder�, en cada ejercicio fiscal, una participaci�n no menor del veinte por ciento del situado y de los dem�s ingresos ordinarios del respectivo Estado.rnrnEn caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan una modificaci�n del Presupuesto Nacional, se efectuar� un reajuste proporcional del situado.rnrnLa ley establecer� los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos provenientes del situado constitucional y de la participaci�n municipal en el mismo.rn:5. Los dem�s impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asigne por ley nacional, con el fin de promover el desarrollo de las haciendas p�blicas estadales.rnLas leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los Estados podr�n compensar dichas asignaciones con modificaciones de los ramos de ingresos se�alados en este art�culo, a fin de preservar la equidad interterritorial. El porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que se destine al situado constitucional, no ser� menor al quince por ciento del ingreso ordinario estimado, para lo cual se tendr� en cuenta la situaci�n y sostenibilidad financiera de la Hacienda P�blica Nacional, sin menoscabo de la capacidad de las administraciones estadales para atender adecuadamente los servicios de su competencia.rn:6. Los recursos provenientes del Fondo de Compensaci�n Interterritorial y de cualquier otra transferencia, subvenci�n o asignaci�n especial, as� como de aquellos que se les asigne como participaci�n en los tributos nacionales, de conformidad con la respectiva ley.rnrn=== Cap�tulo IVrnDel Poder P�blico Municipal ===rnrnArt�culo 168. Los Municipios constituyen la unidad pol�tica primaria de la organizaci�n nacional, gozan de personalidad jur�dica y autonom�a dentro de los l�mites de esta Constituci�n y de la ley. La autonom�a municipal comprende:rn:1. La elecci�n de sus autoridades. rn:2. La gesti�n de las materias de su competencia. rn:3. La creaci�n, recaudaci�n e inversi�n de sus ingresos. rnLas actuaciones del Municipio en el �mbito de sus competencias se cumplir�n incorporando la participaci�n ciudadana al proceso de definici�n y ejecuci�n de la gesti�n p�blica y al control y evaluaci�n de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley.rnrnLos actos de los Municipios no podr�n ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con esta Constituci�n y con la ley.rnrnArt�culo 169. La organizaci�n de los Municipios y dem�s entidades locales se regir� por esta Constituci�n, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes org�nicas nacionales, y por las disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los Estados.rnrnLa legislaci�n que se dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los Municipios y dem�s entidades locales, establecer� diferentes reg�menes para su organizaci�n, gobierno y administraci�n, incluso en lo que respecta a la determinaci�n de sus competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de poblaci�n, desarrollo econ�mico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situaci�n geogr�fica, elementos hist�ricos y culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legislaci�n establecer� las opciones para la organizaci�n del r�gimen de gobierno y administraci�n local que corresponder� a los Municipios con poblaci�n ind�gena. En todo caso, la organizaci�n municipal ser� democr�tica y responder� a la naturaleza propia del gobierno local.rnrnArt�culo 170. Los Municipios podr�n asociarse en mancomunidades o acordar entre s� o con los dem�s entes p�blicos territoriales, la creaci�n de modalidades asociativas intergubernamentales para fines de inter�s p�blico relativos a materias de su competencia. Por ley se determinar�n las normas concernientes a la agrupaci�n de dos o m�s Municipios en distritos metropolitanos.rnrnArt�culo 171. Cuando dos o m�s Municipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan relaciones econ�micas, sociales y f�sicas que den al conjunto caracter�sticas de un �rea metropolitana, podr�n organizarse como distritos metropolitanos. La ley org�nica que al efecto se dicte garantizar� el car�cter democr�tico y participativo del gobierno metropolitano y establecer� sus competencias funcionales, as� como el r�gimen fiscal, financiero y de control. Tambi�n asegurar� que en los �rganos de gobierno metropolitano tengan adecuada participaci�n los respectivos Municipios, y se�alar� la forma de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculaci�n de estos �ltimos al distrito metropolitano.rnrnLa ley podr� establecer diferentes reg�menes para la organizaci�n, gobierno y administraci�n de los distritos metropolitanos atendiendo a las condiciones de poblaci�n, desarrollo econ�mico y social, situaci�n geogr�fica y otros factores de importancia. En todo caso, la atribuci�n de competencias para cada distrito metropolitano tendr� en cuenta esas condiciones.rnrnArt�culo 172. El Consejo Legislativo, previo pronunciamiento favorable mediante consulta popular de la poblaci�n afectada, definir� los l�mites del distrito metropolitano y lo organizar� seg�n lo establecido en la ley org�nica nacional, determinando cu�les de las competencias metropolitanas ser�n asumidas por los �rganos de gobierno del respectivo distrito metropolitano.rnrnCuando los Municipios que deseen constituirse en un distrito metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponder� a la Asamblea Nacional su creaci�n y organizaci�n.rnrnArt�culo 173. El Municipio podr� crear parroquias conforme a las condiciones que determine la ley. La legislaci�n que se dicte para desarrollar los principios constitucionales sobre r�gimen municipal establecer� los supuestos y condiciones para la creaci�n de otras entidades locales dentro del territorio municipal, as� como los recursos de que dispondr�n, concatenados a las funciones que se les asignen, incluso su participaci�n en los ingresos propios del Municipio. Su creaci�n atender� a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de proveer a la desconcentraci�n de la administraci�n del Municipio, la participaci�n ciudadana y la mejor prestaci�n de los servicios p�blicos. En ning�n caso las parroquias ser�n asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del Municipio.rnrnArt�culo 174. El gobierno y administraci�n del Municipio corresponder�n al Alcalde o Alcaldesa, quien ser� tambi�n la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco a�os y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa ser� elegido o elegida por un per�odo de cuatro a�os por mayor�a de las personas que votan, y podr� ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo per�odo.rnrnArt�culo 175. La funci�n legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado por concejales elegidos o concejalas elegidas en la forma establecida en esta Constituci�n, en el n�mero y condiciones de elegibilidad que determine la ley.rnrnArt�culo 176. Corresponde a la Contralor�a Municipal el control, vigilancia y fiscalizaci�n de los ingresos, gastos y bienes municipales, as� como las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las atribuciones de la Contralor�a General de la Rep�blica, y ser� dirigida por el Contralor o Contralora Municipal, designado o designada por el Concejo mediante concurso p�blico que garantice la idoneidad y capacidad de quien sea designado o designada para el cargo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley.rnrnArt�culo 177. La ley nacional podr� establecer principios, condiciones y requisitos de residencia, prohibiciones, causales de inhibici�n e incompatibilidades para la postulaci�n y ejercicio de las funciones de alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas.rnrnArt�culo 178. Son de la competencia del Municipio el gobierno y administraci�n de sus intereses y la gesti�n de las materias que le asigne esta Constituci�n y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenaci�n y promoci�n del desarrollo econ�mico y social, la dotaci�n y prestaci�n de los servicios p�blicos domiciliarios, la aplicaci�n de la pol�tica referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de inter�s social, de conformidad con la delegaci�n prevista en la ley que rige la materia, la promoci�n de la participaci�n, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes �reas:rn:1. Ordenaci�n territorial y urban�stica; patrimonio hist�rico; vivienda de inter�s social; turismo local; parques y jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreaci�n; arquitectura civil, nomenclatura y ornato p�blico. rn:2. Vialidad urbana; circulaci�n y ordenaci�n del tr�nsito de veh�culos y personas en las v�as municipales; servicios de transporte p�blico urbano de pasajeros y pasajeras. rn:3. Espect�culos p�blicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines espec�ficos municipales. rn:4. Protecci�n del ambiente y cooperaci�n con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolecci�n y tratamiento de residuos y protecci�n civil. rn:5. Salubridad y atenci�n primaria en salud, servicios de protecci�n a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educaci�n preescolar, servicios de integraci�n familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas; servicios de prevenci�n y protecci�n, vigilancia y control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la competencia municipal. rn:6. Servicio de agua potable, electricidad y gas dom�stico, alcantarillado, canalizaci�n y disposici�n de aguas servidas; cementerios y servicios funerarios. rn:7. Justicia de paz, prevenci�n y protecci�n vecinal y servicios de polic�a municipal, conforme a la legislaci�n nacional aplicable. rn:8. Las dem�s que le atribuyan esta Constituci�n y la ley. rnLas actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su competencia no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se definan en la ley conforme a esta Constituci�n.rnrnArt�culo 179. Los Municipios tendr�n los siguientes ingresos:rn:1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes. rn:2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades econ�micas de industria, comercio, servicios, o de �ndole similar, con las limitaciones establecidas en esta Constituci�n; los impuestos sobre inmuebles urbanos, veh�culos, espect�culos p�blicos, juegos y apuestas l�citas, propaganda y publicidad comercial; y la contribuci�n especial sobre plusval�as de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenaci�n urban�stica. rn:3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participaci�n en la contribuci�n por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de creaci�n de dichos tributos. rn:4. Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estadales; rn:5. El producto de las multas y sanciones en el �mbito de sus competencias y las dem�s que les sean atribuidas; rn:6. Los dem�s que determine la ley. rnrnArt�culo 180. La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y aut�noma de las potestades reguladoras que esta Constituci�n o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o actividades.rnrnLas inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios, a favor de los dem�s entes pol�ticos territoriales, se extiende s�lo a las personas jur�dicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas de la Administraci�n Nacional o de los Estados.rnrnArt�culo 181. Los ejidos son inalienables e imprescriptibles. S�lo podr�n enajenarse previo cumplimiento de las formalidades previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos que las mismas se�alen, conforme a esta Constituci�n y la legislaci�n que se dicte para desarrollar sus principios.rnrnLos terrenos situados dentro del �rea urbana de las poblaciones del Municipio, carentes de due�o o due�a, son ejidos, sin menoscabo de leg�timos derechos de terceros, v�lidamente constituidos. Igualmente, se constituyen en ejidos las tierras bald�as ubicadas en el �rea urbana. Quedar�n exceptuadas las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos ind�genas. La ley establecer� la conversi�n en ejidos de otras tierras p�blicas.rnrnArt�culo 182. Se crea el Consejo Local de Planificaci�n P�blica, presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas de la Juntas Parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la ley.rnrnArt�culo 183. Los Estados y los Municipios no podr�n:rn:1. Crear aduanas ni impuestos de importaci�n, de exportaci�n o de tr�nsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las dem�s materias rent�sticas de la competencia nacional. rn:2. Gravar bienes de consumo antes de que entren en circulaci�n dentro de su territorio. rn:3. Prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni gravarlos en forma diferente a los producidos en �l. rnLos Estados y Municipios s�lo podr�n gravar la agricultura, la cr�a, la pesca y la actividad forestal en la oportunidad, forma y medida que lo permita la ley nacional.rnrnArt�culo 184. La ley crear� mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que �stos gestionen previa demostraci�n de su capacidad para prestarlos, promoviendo:rn:1. La transferencia de servicios en materia de salud, educaci�n, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de �reas industriales, mantenimiento y conservaci�n de �reas urbanas, prevenci�n y protecci�n vecinal, construcci�n de obras y prestaci�n de servicios p�blicos. A tal efecto, podr�n establecer convenios cuyos contenidos estar�n orientados por los principios de interdependencia, coordinaci�n, cooperaci�n y corresponsabilidad. rn:2. La participaci�n de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a trav�s de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulaci�n de propuestas de inversi�n ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboraci�n de los respectivos planes de inversi�n, as� como en la ejecuci�n, evaluaci�n y control de obras, programas sociales y servicios p�blicos en su jurisdicci�n. rn:3. La participaci�n en los procesos econ�micos estimulando las expresiones de la econom�a social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. rn:4. La participaci�n de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gesti�n de las empresas p�blicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios. rn:5. La creaci�n de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el dise�o de pol�ticas en las cuales aquellas tengan participaci�n. rn:6. La creaci�n de nuevos sujetos de descentralizaci�n a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gesti�n p�blica de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administraci�n y control de los servicios p�blicos estadales y municipales. rn:7. La participaci�n de las comunidades en actividades de acercamiento a los establecimientos penales y de vinculaci�n de �stos con la poblaci�n. rnrn=== Cap�tulo VrnDel Consejo Federal de Gobierno ===rnrnArt�culo 185. El Consejo Federal de Gobierno es el �rgano encargado de la planificaci�n y coordinaci�n de pol�ticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralizaci�n y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estar� presidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros o Ministras, los gobernadores o gobernadoras, un alcalde o alcaldesa por cada Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley.rnrnEl Consejo Federal de Gobierno contar� con una Secretar�a, integrada por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, dos Ministros o Ministras, tres gobernadores o gobernadoras y tres alcaldes o alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno depender� el Fondo de Compensaci�n Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones p�blicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperaci�n y complementaci�n de las pol�ticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades p�blicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotaci�n de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutir� y aprobar� anualmente los recursos que se destinar�n al Fondo de Compensaci�n Interterritorial y las �reas de inversi�n prioritaria a las cuales se aplicar�n dichos recursos.rnrn== T�TULO VrnDE LA ORGANIZACI�N DEL PODER P�BLICO NACIONAL ==rnrn=== Cap�tulo IrnDel Poder Legislativo Nacional ===rnrnSecci�n Primera: Disposiciones GeneralesrnrnArt�culo 186. La Asamblea Nacional estar� integrada por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad federal por votaci�n universal, directa, personalizada y secreta con representaci�n proporcional, seg�n una base poblacional del uno coma uno por ciento de la poblaci�n total del pa�s.rnrnCada entidad federal elegir�, adem�s, tres diputados o diputadas.rnrnLos pueblos ind�genas de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela elegir�n tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.rnrnCada diputado o diputada tendr� un suplente o una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso.rnrnArt�culo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:rn:1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. rn:2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constituci�n, en los t�rminos establecidos en �sta. rn:3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administraci�n P�blica Nacional, en los t�rminos consagrados en esta Constituci�n y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta funci�n, tendr�n valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca. rn:4. Organizar y promover la participaci�n ciudadana en los asuntos de su competencia. rn:5. Decretar amnist�as. rn:6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al r�gimen tributario y al cr�dito p�blico. rn:7. Autorizar los cr�ditos adicionales al presupuesto. rn:8. Aprobar las l�neas generales del plan de desarrollo econ�mico y social de la Naci�n, que ser�n presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer a�o de cada per�odo constitucional. rn:9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de inter�s nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de inter�s p�blico municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. rn:10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y a los Ministros o Ministras. La moci�n de censura s�lo podr� ser discutida dos d�as despu�s de presentada a la Asamblea, la cual podr� decidir, por las tres quintas partes de los diputados o diputadas, que el voto de censura implica la destituci�n del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o Ministra. rn:11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el pa�s. rn:12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de la Naci�n, con las excepciones que establezca la ley. rn:13. Autorizar a los funcionarios p�blicos o funcionarias p�blicas para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros. rn:14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la Rep�blica y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplom�ticas Permanentes. rn:15. Acordar los honores del Pante�n Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres, que hayan prestado servicios eminentes a la Rep�blica, despu�s de transcurridos veinticinco a�os de su fallecimiento. Esta decisi�n podr� tomarse por recomendaci�n del Presidente o Presidenta de la Rep�blica, de las dos terceras partes de los Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las Universidades Nacionales en pleno. rn:16. Velar por los intereses y autonom�a de los Estados. rn:17. Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la Rep�blica del territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco d�as consecutivos. rn:18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constituci�n. rn:19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en �l se establezcan. rn:20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separaci�n temporal de un diputado o diputada s�lo podr� acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. rn:21. Organizar su servicio de seguridad interna. rn:22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones financieras del pa�s. rn:23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organizaci�n administrativa. rn:24. Todo lo dem�s que le se�alen esta Constituci�n y la ley. rnrnArt�culo 188. Las condiciones para ser elegido o elegida diputado o diputada a la Asamblea Nacional son:rn:1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento o por naturalizaci�n con , por lo menos, quince a�os de residencia en territorio venezolano. rn:2. Ser mayor de veinti�n a�os de edad. rn:3. Haber residido cuatro a�os consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elecci�n. rnrnArt�culo 189. No podr�n ser elegidos diputados o diputadas:rn:1. El Presidente o Presidenta de la Rep�blica, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras, el Secretario o Secretaria de la Presidencia de la Rep�blica y los Presidentes o Presidentas y Directores o Directoras de los Institutos Aut�nomos y empresas del Estado, hasta tres meses despu�s de la separaci�n absoluta de sus cargos. rn:2. Los gobernadores o gobernadoras y secretarios o secretarias de gobierno, de los Estados y autoridades de similar jerarqu�a del Distrito Capital, hasta tres meses despu�s de la separaci�n absoluta de sus cargos. rn:3. Los funcionarios o funcionarias municipales, estadales o nacionales, de Institutos Aut�nomos o empresas del Estado, cuando la elecci�n tenga lugar en la jurisdicci�n en la cual act�a, salvo si se trata de un cargo accidental, asistencial, docente o acad�mico. rnLa ley org�nica podr� establecer la inelegibilidad de otros funcionarios o funcionarias.rnrnArt�culo 190. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podr�n ser propietarios o propietarias, administradores o administradoras o directores o directoras de empresas que contraten con personas jur�dicas estatales, ni podr�n gestionar causas particulares de inter�s lucrativo con las mismas. Durante la votaci�n sobre causas en las cuales surjan conflictos de intereses econ�micos, los o las integrantes de la Asamblea Nacional, que est�n involucrados o involucradas e dichos conflictos, deber�n abstenerse.rnrnArt�culo 191. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podr�n aceptar o ejercer cargos p�blicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, acad�micas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicaci�n exclusiva.rnrnArt�culo 192. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durar�n cinco a�os en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por dos periodos consecutivos como m�ximo.rnrnSecci�n Segunda: De la Organizaci�n de la Asamblea NacionalrnrnArt�culo 193. La Asamblea Nacional nombrar� Comisiones Permanentes, ordinarias y especiales. Las Comisiones Permanentes, en un n�mero no mayor de quince, estar�n referidas a los sectores de actividad nacional. Igualmente, podr� crear Comisiones con car�cter temporal para investigaci�n y estudio, todo ello de conformidad con su Reglamento. La Asamblea Nacional podr� crear o suprimir Comisiones Permanentes con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.rnrnArt�culo 194. La Asamblea Nacional elegir� de su seno un Presidente o Presidenta y dos Vicepresidentes o Vicepresidentas, un Secretario o Secretaria y un Subsecretario o Subsecretaria fuera de su seno, por un per�odo de un a�o. El Reglamento establecer� las formas de suplir las faltas temporales y absolutas.rnrnArt�culo 195. Durante el receso de la Asamblea funcionar� la Comisi�n Delegada integrada por el Presidente o Presidenta, los Vicepresidentes o Vicepresidentas y los Presidentes o Presidentas de las Comisiones Permanentes.rnrnArt�culo 196. Son atribuciones de la Comisi�n Delegada:rn:1. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando as� lo exija la importancia de alg�n asunto. rn:2. Autorizar al Presidente o Presidenta de la Rep�blica para salir del territorio nacional. rn:3. Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar cr�ditos adicionales. rn:4. Designar Comisiones temporales integradas por miembros de la Asamblea. rn:5. Ejercer las funciones de investigaci�n atribuidas a la Asamblea. rn:6. Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para crear, modificar o suspender servicios p�blicos en caso de urgencia comprobada. rn:7. Las dem�s que establezcan esta Constituci�n y la ley. rnrnSecci�n Tercera: De los Diputados y Diputadas de la Asamblea NacionalrnrnArt�culo 197. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional est�n obligados u obligadas a cumplir sus labores a dedicaci�n exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculaci�n permanente con sus electores, y electoras atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteni�ndolos informados e informadas acerca de su gesti�n y la de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gesti�n a los electores y electoras de la circunscripci�n por la cual fueron elegidos o elegidas y estar�n sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato en los t�rminos previstos en esta Constituci�n y en la ley sobre la materia.rnrnArt�culo 198. El diputado o diputada a la Asamblea Nacional cuyo mandato fuere revocado, no podr� optar a cargos de elecci�n popular en el siguiente per�odo.rnrnArt�culo 199. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. S�lo responder�n ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constituci�n y con los Reglamentos.rnrnArt�culo 200. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozar�n de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamaci�n hasta la conclusi�n de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocer� en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, �nica autoridad que podr� ordenar, previa autorizaci�n de la Asamblea Nacional, su detenci�n y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondr� bajo custodia en su residencia y comunicar� inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.rnrnLos funcionarios p�blicos o funcionarias p�blicas que violen la inmunidad de los o las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrir�n en responsabilidad penal y ser�n castigados o castigadas de conformidad con la ley.rnrnArt�culo 201. Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino s�lo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal.rnrnSecci�n Cuarta: De la Formaci�n de las LeyesrnrnArt�culo 202. La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que re�nan sistem�ticamente las normas relativas a determinada materia se podr�n denominar c�digos.rnrnArt�culo 203. Son leyes org�nicas las que as� denomina esta Constituci�n; las que se dicten para organizar los poderes p�blicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes.rnrnTodo proyecto de ley org�nica, salvo aquel que esta Constituci�n califique como tal, ser� previamente admitido por la Asamblea Nacional, por el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes presentes antes de iniciarse la discusi�n del respectivo proyecto de ley. Esta votaci�n calificada se aplicar� tambi�n para la modificaci�n de las leyes org�nicas.rnrnLas leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de org�nicas ser�n remitidas, antes de su promulgaci�n a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su car�cter org�nico. La Sala Constitucional decidir� en el t�rmino de diez d�as contados a partir de la fecha de recibo de la comunicaci�n. Si la Sala Constitucional declara que no es org�nica la ley perder� este car�cter.rnrnSon leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, prop�sitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la Rep�blica, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar el plazo de su ejercicio.rnrnArt�culo 204. La iniciativa de las leyes corresponde:rn:1. Al Poder Ejecutivo Nacional. rn:2. A la Comisi�n Delegada y a las Comisiones Permanentes. rn:3. A los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en n�mero no menor de tres. rn:4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organizaci�n y procedimientos judiciales. rn:5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los �rganos que lo integran. rn:6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral. rn:7. A los electores y electoras en un n�mero no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. rn:8. Al Consejo Legislativo, cuando se trate de leyes relativas a los Estados. rnrnArt�culo 205. La discusi�n de los proyectos de ley presentados por los electores y electoras conforme a lo dispuesto en el art�culo anterior, se iniciar� a m�s tardar en el per�odo de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto se someter� a referendo aprobatorio de conformidad con la ley.rnrnArt�culo 206. Los Estados ser�n consultados por la Asamblea Nacional, a trav�s del Consejo Legislativo, cuando se legisle en materias relativas a los mismos. La ley establecer� los mecanismos de consulta a la sociedad civil y dem�s instituciones de los Estados, por parte del Consejo en dichas materias.rnrnArt�culo 207. Para convertirse en ley todo proyecto recibir� dos discusiones, en d�as diferentes, siguiendo las reglas establecidas en esta Constituci�n y en los reglamentos respectivos. Aprobado el proyecto, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional declarar� sancionada la ley.rnrnArt�culo 208. En la primera discusi�n se considerar� la exposici�n de motivos y se evaluar�n sus objetivos, alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutir� el articulado. Aprobado en primera discusi�n el proyecto ser� remitido a la comisi�n directamente relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley est� relacionado con varias comisiones permanentes, se designar� una comisi�n mixta para realizar el estudio y presentar el informe.rnrnLas comisiones que estudien proyectos de ley presentar�n el informe correspondiente en un plazo no mayor de treinta d�as consecutivos.rnrnArt�culo 209. Recibido el informe de la comisi�n correspondiente, se dar� inicio a la segunda discusi�n del proyecto de ley, la cual se realizar� art�culo por art�culo. Si se aprobare sin modificaciones, quedar� sancionada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se devolver� a la Comisi�n respectiva para que �sta las incluya en un plazo no mayor de quince d�as continuos; le�da la nueva versi�n del proyecto de ley en la plenaria de la Asamblea Nacional, �sta decidir� por mayor�a de votos lo que fuere procedente respecto a los art�culos en que hubiere discrepancia y a los que tuvieren conexi�n con �stos. Resuelta la discrepancia, la Presidencia declarar� sancionada la ley.rnrnArt�culo 210. La discusi�n de los proyectos que quedaren pendientes al t�rmino de las sesiones, podr� continuarse en las sesiones siguientes o en sesiones extraordinarias.rnrnArt�culo 211. La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusi�n y aprobaci�n de los proyectos de leyes, consultar�n a los otros �rganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para o�r su opini�n sobre los mismos. Tendr�n derecho de palabra en la discusi�n de las leyes los Ministros o Ministras en representaci�n del Poder Ejecutivo; el magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia a quien �ste designe, en representaci�n del Poder Judicial; el o la representante del Poder Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral Republicano; los o las integrantes del Poder Electoral; los Estados a trav�s de un o una representante designado o designada por el Consejo Legislativo y los o las representantes de la sociedad organizada, en los t�rminos que establezca el Reglamento de la Asamblea Nacional.rnrnArt�culo 212. Al texto de las leyes preceder� la siguiente f�rmula: �La Asamblea Nacional de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela, decreta:�.rnrnArt�culo 213. Una vez sancionada la ley, se extender� por duplicado con la redacci�n final que haya resultado de las discusiones. Ambos ejemplares ser�n firmados por el Presidente o Presidenta, los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas y el Secretario o Secretaria de la Asamblea Nacional, con la fecha de su aprobaci�n definitiva. Uno de los ejemplares de la ley ser� enviado por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional al Presidente o Presidenta de la Rep�blica a los fines de su promulgaci�n.rnrnArt�culo 214. El Presidente o Presidenta de la Rep�blica promulgar� la ley dentro de los diez d�as siguientes a aqu�l en que la haya recibido. Dentro de ese lapso podr�, con acuerdo del Consejo de Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposici�n razonada, que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la sanci�n a toda la ley o a parte de ella.rnrnLa Asamblea Nacional decidir� acerca de los aspectos planteados por el Presidente o Presidenta de la Rep�blica, por mayor�a absoluta de los diputados o diputadas presentes y le remitir� la ley para la promulgaci�n.rnrnEl Presidente o Presidenta de la Rep�blica debe proceder a promulgar la ley dentro de los cinco d�as siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas observaciones.rnrnCuando el Presidente o Presidenta de la Rep�blica considere que la ley o alguno de sus art�culos es inconstitucional solicitar�n el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez d�as que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidir� en el t�rmino de quince d�as contados desde el recibo de la comunicaci�n del Presidente o Presidenta de la Rep�blica. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Presidenta de la Rep�blica promulgar� la ley dentro de los cinco d�as siguientes a la decisi�n del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso.rnrnArt�culo 215. La Ley quedar� promulgada al publicarse con el correspondiente �C�mplase� en la Gaceta Oficial de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela.rnrnArt�culo 216. Cuando el Presidente o Presidenta de la Rep�blica no promulgare la ley en los lapsos se�alados, el Presidente o Presidenta y los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional proceder�n a su promulgaci�n sin perjuicio de la responsabilidad en que aqu�l o aquella incurriere por su omisi�n.rnrnArt�culo 217. La oportunidad en que deba ser promulgada la ley aprobatoria de un tratado, de un acuerdo o de un convenio internacional, quedar� a la discreci�n del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la Rep�blica.rnrnArt�culo 218. Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones establecidas en esta Constituci�n. Podr�n ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicar� en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.rnrnSecci�n Quinta: De los ProcedimientosrnrnArt�culo 219. El primer per�odo de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzar�, sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada a�o o el d�a posterior m�s inmediato posible y durar� hasta el quince de agosto.rnrnEl segundo per�odo comenzar� el quince de septiembre o el d�a posterior m�s inmediato posible y terminar� el quince de diciembre.rnrnArt�culo 220. La Asamblea Nacional se reunir� en sesiones extraordinarias para tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que les fueren conexas. Tambi�n podr� considerar las que fueren declaradas de urgencia por la mayor�a de sus integrantes.rnrnArt�culo 221. Los requisitos y procedimientos para la instalaci�n y dem�s sesiones de la Asamblea Nacional, y para el funcionamiento de sus comisiones, ser�n determinados por el Reglamento.rnrnEl qu�rum no podr� ser en ning�n caso inferior a la mayor�a absoluta de los y las integrantes de la Asamblea Nacional.rnrnArt�culo 222. La Asamblea Nacional podr� ejercer su funci�n de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constituci�n y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podr�n declarar la responsabilidad pol�tica de los funcionarios p�blicos o funcionarias p�blicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.rnrnArt�culo 223. La Asamblea o sus Comisiones podr�n realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el Reglamento.rnrnTodos los funcionarios p�blicos o funcionarias p�blicas est�n obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.rnrnEsta obligaci�n comprende tambi�n a los y las particulares; a quienes se les respetar�n los derechos y garant�as que esta Constituci�n reconoce.rnrnArt�culo 224. El ejercicio de la facultad de investigaci�n no afecta las atribuciones de los dem�s poderes p�blicos. Los jueces o juezas estar�n obligados u obligadas a evacuar las pruebas para las cuales reciban comisi�n de la Asamblea Nacional o de sus Comisiones.rnrn=== Cap�tulo IIrnDel Poder Ejecutivo Nacional ===rnrnSecci�n Primera: Del Presidente o Presidenta de la Rep�blicarnrnArt�culo 225. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente o Presidenta de la Rep�blica, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras y dem�s funcionarios o funcionarias que determinen esta Constituci�n y la ley.rnrnArt�culo 226. El Presidente o Presidenta de la Rep�blica es el Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condici�n dirige la acci�n del Gobierno.rnrnArt�culo 227. Para ser elegido Presidente o Presidenta de la Rep�blica se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser mayor de treinta a�os, de estado seglar y no estar sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme y cumplir con los dem�s requisitos establecidos en esta Constituci�n.rnrnArt�culo 228. La elecci�n del Presidente o Presidenta de la Rep�blica se har� por votaci�n universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamar� electo o electa el candidato o la candidata que hubiere obtenido la mayor�a de votos v�lidos.rnrnArt�culo 229. No podr� ser elegido Presidente o elegida Presidenta de la Rep�blica quien est� de ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora y Alcalde o Alcaldesa, en el d�a de su postulaci�n o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elecci�n.rnrnArt�culo 230. El per�odo presidencial es de seis a�os. El Presidente o Presidenta de la Rep�blica puede ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo per�odo.rnrnArt�culo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomar� posesi�n del cargo de Presidente o Presidenta de la Rep�blica el diez de enero del primer a�o de su per�odo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la Rep�blica no pudiese tomar posesi�n ante la Asamblea Nacional, lo har� ante el Tribunal Supremo de Justicia.rnrnArt�culo 232. El Presidente o Presidenta de la Rep�blica es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo.rnrnEst� obligado u obligada a procurar la garant�a de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, as� como la independencia, integridad, soberan�a del territorio y defensa de la Rep�blica. La declaraci�n de los estados de excepci�n no modifica el principio de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, ni la de los Ministros o Ministras, de conformidad con esta Constituci�n y con la ley.rnrnArt�culo 233. Ser�n faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la Rep�blica: su muerte, su renuncia, o su destituci�n decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad f�sica o mental permanente certificada por una junta m�dica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobaci�n de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, as� como la revocaci�n popular de su mandato.rnrnCuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesi�n, se proceder� a una nueva elecci�n universal, directa y secreta dentro de los treinta d�as consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesi�n el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargar� de la Presidencia de la Rep�blica el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.rnrnSi la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la Rep�blica se produce durante los primeros cuatro a�os del per�odo constitucional, se proceder� a una nueva elecci�n universal, directa y secreta dentro de los treinta d�as consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesi�n el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargar� de la Presidencia de la Rep�blica el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva.rnrnEn los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completar� el per�odo constitucional correspondiente.rnrnSi la falta absoluta se produce durante los �ltimos dos a�os del per�odo constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumir� la Presidencia de la Rep�blica hasta completar dicho per�odo.rnrnArt�culo 234. Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la Rep�blica ser�n suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa d�as, prorrogables por decisi�n de la Asamblea Nacional por noventa d�as m�s.rnrnSi una falta temporal se prolonga por m�s de noventa d�as consecutivos, la Asamblea Nacional decidir� por mayor�a de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absolutarnrnArt�culo 235. La ausencia del territorio nacional por parte del Presidente o Presidenta de la Rep�blica requiere autorizaci�n de la Asamblea Nacional o de la Comisi�n Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco d�as consecutivos.rnrnSecci�n Segunda: De las Atribuciones del Presidente o Presidenta de la Rep�blicarnrnArt�culo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la Rep�blica:rn:1. Cumplir y hacer cumplir esta Constituci�n y la ley. rn:2. Dirigir la acci�n del Gobierno. rn:3. Nombrar y remover al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, nombrar y remover los Ministros o Ministras. rn:4. Dirigir las relaciones exteriores de la Rep�blica y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. rn:5. Dirigir las Fuerza Armada Nacional en su car�cter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jer�rquica de ella y fijar su contingente. rn:6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capit�n o capitana de nav�o, y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos. rn:7. Declarar los estados de excepci�n y decretar la restricci�n de garant�as en los casos previstos en esta Constituci�n. rn:8. Dictar, previa autorizaci�n por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley. rn:9. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias. rn:10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su esp�ritu, prop�sito y raz�n. rn:11. Administrar la Hacienda P�blica Nacional. rn:12. Negociar los empr�stitos nacionales. rn:13. Decretar cr�ditos adicionales al Presupuesto, previa autorizaci�n de la Asamblea Nacional o de la Comisi�n Delegada. rn:14. Celebrar los contratos de inter�s nacional conforme a esta Constituci�n y la ley. rn:15. Designar, previa autorizaci�n de la Asamblea Nacional o de la Comisi�n Delegada, al Procurador o Procuradora General de la Rep�blica y a los jefes o jefas de las misiones diplom�ticas permanentes. rn:16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios o aquellas funcionarias cuya designaci�n le atribuyen esta Constituci�n y la ley. rn:17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o mensajes especiales. rn:18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecuci�n previa aprobaci�n de la Asamblea Nacional. rn:19. Conceder indultos. rn:20. Fijar el n�mero, organizaci�n y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administraci�n P�blica Nacional, as� como tambi�n la organizaci�n y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos se�alados por la correspondiente ley org�nica. rn:21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constituci�n. rn:22. Convocar referendos en los casos previstos en esta Constituci�n. rn:23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Naci�n. rn:24. Las dem�s que le se�ale esta Constituci�n y la ley. rnEl Presidente o Presidenta de la Rep�blica ejercer� en Consejo de Ministros las atribuciones se�aladas en los numerales 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 y las que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma.rnrnLos actos del Presidente o Presidenta de la Rep�blica, con excepci�n de los se�alados en los ordinales 3 y 5, ser�n refrendados para su validez por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y el Ministro o Ministra o Ministros o Ministras respectivos.rnrnArt�culo 237. Dentro de los diez primeros d�as siguientes a la instalaci�n de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente o Presidenta de la Rep�blica presentar� cada a�o personalmente a la Asamblea un mensaje en que dar� cuenta de los aspectos pol�ticos, econ�micos, sociales y administrativos de su gesti�n durante el a�o inmediatamente anterior.rnrnSecci�n Tercera: Del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta EjecutivarnrnArt�culo 238. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva es �rgano directo y colaborador inmediato del Presidente o Presidenta de la Rep�blica en su condici�n de Jefe o Jefa del Ejecutivo Nacional.rnrnEl Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva reunir�n las mismas condiciones exigidas para ser Presidente o Presidenta de la Rep�blica, y no podr� tener ning�n parentesco de consanguinidad ni de afinidad con �ste.rnrnArt�culo 239. Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva:rn:1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la Rep�blica en la direcci�n de la acci�n del Gobierno. rn:2. Coordinar la Administraci�n P�blica Nacional de conformidad con las instrucciones del Presidente o Presidenta de la Rep�blica. rn:3. Proponer al Presidente o Presidenta de la Rep�blica el nombramiento y la remoci�n de los Ministros. rn:4. Presidir, previa autorizaci�n del Presidente o Presidenta de la Rep�blica, el Consejo de Ministros o Ministras. rn:5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. rn:6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno. rn:7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o funcionarias nacionales cuya designaci�n no est� atribuida a otra autoridad. rn:8. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la Rep�blica. rn:9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o Presidenta de la Rep�blica. rn:10. Las dem�s que le se�alen esta Constituci�n y la ley. rnrnArt�culo 240. La aprobaci�n de una moci�n de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, por una votaci�n no menor de las tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica su remoci�n. El funcionario removido o funcionaria removida no podr� optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, o de Ministro o Ministra por el resto del per�odo presidencial.rnrnLa remoci�n del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo per�odo constitucional, como consecuencia de la aprobaci�n de mociones de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la Rep�blica para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disoluci�n conlleva la convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los sesenta d�as siguientes a su disoluci�n.rnrnLa Asamblea no podr� ser disuelta en el �ltimo a�o de su per�odo constitucional.rnrnArt�culo 241. El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva es responsable de sus actos de conformidad con esta Constituci�n y con la ley.rnrnSecci�n Cuarta: De los Ministros o Ministras y del Consejo de MinistrosrnrnArt�culo 242. Los Ministros o Ministras son �rganos directos del Presidente o Presidenta de la Rep�blica, y reunidos o reunidas conjuntamente con este o �sta y con el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, integran el Consejo de Ministros.rnrnEl Presidente o Presidenta de la Rep�blica presidir� las reuniones del Consejo de Ministros, pero podr� autorizar al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva para que las presida cuando no pueda asistir a ellas. Las decisiones adoptadas deber�n ser ratificadas por el Presidente o Presidenta de la Rep�blica para su validez.rnrnDe las decisiones del Consejo de Ministros son solidariamente responsables el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y los Ministros o Ministras que hubieren concurrido, salvo aquellos o aquellas que hayan hecho constar su voto adverso o negativo.rnrnArt�culo 243. El Presidente o Presidenta de la Rep�blica podr� nombrar Ministros o Ministras de Estado, los o las cuales, adem�s de participar en el Consejo de Ministros asesorar�n al Presidente o Presidenta de la Rep�blica y al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en los asuntos que le fueren asignados.rnrnArt�culo 244. Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la nacionalidad venezolana y ser mayor de veinticinco a�os, con las excepciones establecidas en esta Constituci�n.rnrnLos Ministros o Ministras son responsables de sus actos de conformidad con esta Constituci�n y con la ley, y presentar�n ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta d�as de cada a�o, una memoria razonada y suficiente sobre la gesti�n del despacho en el a�o inmediatamente anterior, de conformidad con la ley.rnrnArt�culo 245. Los Ministros o Ministras tienen derecho de palabra en la Asamblea Nacional y en sus comisiones. Podr�n tomar parte en los debates de la Asamblea Nacional, sin derecho al voto.rnrnArt�culo 246. La aprobaci�n de una moci�n de censura a un Ministro o Ministra por una votaci�n no menor de las tres quintas partes de los o las integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su remoci�n. El funcionario removido o funcionaria removida no podr� optar al cargo de Ministro o Ministra, de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva por el resto del per�odo presidencial.rnrnSecci�n Quinta: De la Procuradur�a General de la Rep�blicarnrnArt�culo 247. La Procuradur�a General de la Rep�blica asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la Rep�blica, y ser� consultada para la aprobaci�n de los contratos de inter�s p�blico nacional.rnrnLa ley org�nica determinar� su organizaci�n, competencia y funcionamiento.rnrnArt�culo 248. La Procuradur�a General de la Rep�blica estar� a cargo y bajo la direcci�n del Procurador o Procuradora General de la Rep�blica, con la colaboraci�n de los dem�s funcionarios o funcionarias que determine su ley org�nica.rnrnArt�culo 249. El Procurador o Procuradora General de la Rep�blica reunir� las mismas condiciones exigidas para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Ser� nombrado o nombrada por el Presidente o Presidenta de la Rep�blica con la autorizaci�n de la Asamblea Nacional.rnrnArt�culo 250. El Procurador o Procuradora General de la Rep�blica asistir�, con derecho a voz, a las reuniones del Consejo de Ministros.rnrnSecci�n Sexta: Del Consejo de EstadornrnArt�culo 251. El Consejo de Estado es el �rgano superior de consulta del Gobierno y de la Administraci�n P�blica Nacional. Ser� de su competencia recomendar pol�ticas de inter�s nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente o Presidenta de la Rep�blica reconozca de especial trascendencia y requieran de su opini�n.rnrnLa ley respectiva determinar� sus funciones y atribuciones.rnrnArt�culo 252. El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y estar� conformado, adem�s, por cinco personas designadas por el Presidente o Presidenta de la Rep�blica; un o una representante designado o designada por la Asamblea Nacional; un o una representante designado o designada por el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado o gobernadora designada por el conjunto de mandatarios o mandatarias estadales.rnrn=== Cap�tulo IIIrnDel Poder Judicial y del Sistema de Justicia ===rnrnSecci�n Primera: Disposiciones GeneralesrnrnArt�culo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la Rep�blica por autoridad de la ley.rnrnCorresponde a los �rganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.rnrnEl sistema de justicia est� constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los dem�s tribunales que determine la ley, el Ministerio P�blico, la Defensor�a P�blica, los �rganos de investigaci�n penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administraci�n de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio.rnrnArt�culo 254. El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozar� de autonom�a funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignar� al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podr� ser reducido o modificado sin autorizaci�n previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no est� facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.rnrnArt�culo 255. El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se har� por concursos de oposici�n p�blicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los o las participantes y ser�n seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales, en la forma y condiciones que establezca la ley. El nombramiento y juramento de los jueces o juezas corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizar� la participaci�n ciudadana en el procedimiento de selecci�n y designaci�n de los jueces o juezas. Los jueces o juezas s�lo podr�n ser removidos o suspendidos de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en la ley.rnrnLa ley propender� a la profesionalizaci�n de los jueces o juezas y las universidades colaborar�n en este prop�sito, organizando en los estudios universitarios de Derecho la especializaci�n judicial correspondiente.rnrnLos jueces o juezas son personalmente responsables, en los t�rminos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegaci�n, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricaci�n en que incurran en el desempe�o de sus funciones.rnrnArt�culo 256. Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o las magistradas, los jueces o las juezas, los fiscales o las fiscalas del Ministerio P�blico; y los defensores p�blicos o las defensoras p�blicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podr�n, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo pol�tico partidista, gremial, sindical o de �ndole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su funci�n, ni por s� ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra funci�n p�blica a excepci�n de actividades educativas.rnrnLos jueces o juezas no podr�n asociarse entre s�.rnrnArt�culo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realizaci�n de la justicia. Las leyes procesales establecer�n la simplificaci�n, uniformidad y eficacia de los tr�mites y adoptar�n un procedimiento breve, oral y p�blico. No se sacrificar� la justicia por la omisi�n de formalidades no esenciales.rnrnArt�culo 258. La ley organizar� la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz ser�n elegidos o elegidas por votaci�n universal, directa y secreta , conforme a la ley.rnrnLa ley promover� el arbitraje, la conciliaci�n, la mediaci�n y cualesquiera otros medios alternativos para la soluci�n de conflictos.rnrnArt�culo 259. La jurisdicci�n contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los dem�s tribunales que determine la ley. Los �rganos de la jurisdicci�n contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviaci�n de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparaci�n de da�os y perjuicios originados en responsabilidad de la Administraci�n; conocer de reclamos por la prestaci�n de servicios p�blicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jur�dicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.rnrnArt�culo 260. Las autoridades leg�timas de los pueblos ind�genas podr�n aplicar en su h�bitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que s�lo afecten a sus integrantes, seg�n sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constituci�n, a la ley y al orden p�blico. La ley determinar� la forma de coordinaci�n de esta jurisdicci�n especial con el sistema judicial nacional.rnrnArt�culo 261. La jurisdicci�n penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas ser�n seleccionados o seleccionadas por concurso. Su �mbito de competencia, organizaci�n y modalidades de funcionamiento, se regir�n por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el C�digo Org�nico de Justicia Militar. La comisi�n de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y cr�menes de lesa humanidad, ser�n juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.rnrnLa ley regular� lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organizaci�n y funcionamiento de los tribunales en cuanto no est� previsto en esta Constituci�n.rnrnSecci�n Segunda: Del Tribunal Supremo de JusticiarnrnArt�culo 262. El Tribunal Supremo de Justicia funcionar� en Sala Plena y en las Salas Constitucional, Pol�tico Administrativa, Electoral, de Casaci�n Civil, de Casaci�n Penal y de Casaci�n Social, cuyas integraciones y competencias ser�n determinadas por su ley org�nica.rnrnLa Sala Social comprender� lo referente a la casaci�n agraria, laboral y de menores.rnrnArt�culo 263. Para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se requiere:rn:1. Tener la nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. rn:2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. rn:3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputaci�n, haber ejercido la abogac�a durante un m�nimo de quince a�os y tener t�tulo universitario de postgrado en materia jur�dica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jur�dica durante un m�nimo de quince a�os y tener la categor�a de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un m�nimo de quince a�os en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempe�o de sus funciones. rn:4. Cualesquiera otros requisitos establecidos por la ley. rnrnArt�culo 264. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia ser�n elegidos o elegidas por un �nico per�odo de doce a�os. La ley determinar� el procedimiento de elecci�n. En todo caso, podr�n postularse candidatos o candidatas ante el Comit� de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jur�dica. El Comit�, o�da la opini�n de la comunidad, efectuar� una preselecci�n para su presentaci�n al Poder Ciudadano, el cual efectuar� una segunda preselecci�n que ser� presentada a la Asamblea Nacional, la cual har� la selecci�n definitiva.rnrnLos ciudadanos y ciudadanas podr�n ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comit� de Postulaciones Judiciales, o ante la Asamblea Nacional.rnrnArt�culo 265. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podr�n ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayor�a calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los t�rminos que la ley establezca.rnrnArt�culo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:rn:1. Ejercer la jurisdicci�n constitucional conforme al T�tulo VIII de esta Constituci�n. rn:2. Declarar si hay o no m�rito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la Rep�blica o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorizaci�n de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva. rn:3. Declarar si hay o no m�rito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora General de la Rep�blica, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplom�ticas de la Rep�blica y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o a la Fiscal General de la Rep�blica o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuere com�n, continuar� conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva. rn:4. Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la Rep�blica, alg�n Estado, Municipio u otro ente p�blico, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podr� atribuir su conocimiento a otro tribunal. rn:5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y dem�s actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente. rn:6. Conocer de los recursos de interpretaci�n sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los t�rminos contemplados en la ley. rn:7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o com�n a ellos en el orden jer�rquico. rn:8. Conocer del recurso de casaci�n. rn:9. Las dem�s que establezca la ley. rnLa atribuci�n se�alada en el numeral 1 ser� ejercida por la Sala Constitucional; las se�aladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5 en Sala Pol�tico Administrativa. Las dem�s atribuciones ser�n ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto en esta Constituci�n y la ley.rnrnSecci�n Tercera: Del Gobierno y de la Administraci�n del Poder JudicialrnrnArt�culo 267. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la direcci�n, el gobierno y la administraci�n del Poder Judicial, la inspecci�n y vigilancia de los tribunales de la Rep�blica y de las Defensor�as P�blicas. Igualmente, le corresponde la elaboraci�n y ejecuci�n de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial.rnrnLa jurisdicci�n disciplinaria judicial estar� a cargo de los tribunales disciplinarios que determine la ley.rnrnEl r�gimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces o juezas estar� fundamentado en el C�digo de �tica del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, que dictar� la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario ser� p�blico, oral y breve, conforme al debido proceso, en los t�rminos y condiciones que establezca la ley.rnrnPara el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno crear� una Direcci�n Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales.rnrnArt�culo 268. La ley establecer� la autonom�a y organizaci�n, funcionamiento, disciplina e idoneidad del servicio de defensa p�blica, con el objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los beneficios de la carrera del defensor o defensora.rnrnArt�culo 269. La ley regular� la organizaci�n de circuitos judiciales, as� como la creaci�n y competencias de tribunales y cortes regionales a fin de promover la descentralizaci�n administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial.rnrnArt�culo 270. El Comit� de Postulaciones Judiciales es un �rgano asesor del Poder Ciudadano para la selecci�n de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorar� a los colegios electorales judiciales para la elecci�n de los jueces o juezas de la jurisdicci�n disciplinaria. El Comit� de Postulaciones Judiciales estar� integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley.rnrnArt�culo 271. En ning�n caso podr� ser negada la extradici�n de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimaci�n de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio p�blico de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribir�n las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio p�blico o el tr�fico de estupefacientes. Asimismo, previa decisi�n judicial, ser�n confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio p�blico o con el tr�fico de estupefacientes.rnrnEl procedimiento referente a los delitos mencionados ser� p�blico, oral y breve, respet�ndose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interp�sitas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil.rnrnArt�culo 272. El Estado garantizar� un sistema penitenciario que asegure la rehabilitaci�n del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contar�n con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreaci�n, funcionar�n bajo la direcci�n de penitenciaristas profesionales con credenciales acad�micas universitarias, y se regir�n por una administraci�n descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatizaci�n. En general, se preferir� en ellos el r�gimen abierto y el car�cter de colonias agr�colas penitenciarias. En todo caso las f�rmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicar�n con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado crear� las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserci�n social del exinterno o exinterna y propiciar� la creaci�n de un ente penitenciario con car�cter aut�nomo y con personal exclusivamente t�cnico.rnrn=== Cap�tulo IVrnDel Poder Ciudadano ===rnrnSecci�n Primera: Disposiciones GeneralesrnrnArt�culo 273. El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General y el Contralor o Contralora General de la Rep�blica.rnrnLos �rganos del Poder Ciudadano son la Defensor�a del Pueblo, el Ministerio P�blico y la Contralor�a General de la Rep�blica, uno o una de cuyos o cuyas titulares ser� designado o designada por el Consejo Moral Republicano como su Presidente o Presidenta por per�odos de un a�o, pudiendo ser reelegido o reelegida.rnrnEl Poder Ciudadano es independiente y sus �rganos gozan de autonom�a funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignar� una partida anual variable.rnrnSu organizaci�n y funcionamiento se establecer� en ley org�nica.rnrnArt�culo 274. Los �rganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con esta Constituci�n y con la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la �tica p�blica y la moral administrativa; velar por la buena gesti�n y la legalidad en el uso del patrimonio p�blico, el cumplimiento y la aplicaci�n del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educaci�n como proceso creador de la ciudadan�a, as� como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.rnrnArt�culo 275. Los o las representantes del Consejo Moral Republicano formular�n a las autoridades, funcionarios o funcionarias de la Administraci�n P�blica, las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias, el Consejo Moral Republicano, podr� imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de contumacia, el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano presentar� un informe al �rgano o dependencia al cual est� adscrito o adscrita el funcionario p�blico o la funcionaria p�blica, para que esa instancia tome los correctivos de acuerdo con el caso sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de conformidad con la ley.rnrnArt�culo 276. El Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los o las titulares de los �rganos del Poder Ciudadano presentar�n un informe anual ante la Asamblea Nacional en sesi�n plenaria. As� mismo, presentar�n los informes que en cualquier momento les sean solicitados por la Asamblea Nacional.rnrnTanto los informes ordinarios como los extraordinarios se publicar�n.rnrnArt�culo 277. Todos los funcionarios o funcionarias de la Administraci�n P�blica est�n obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan la ley, a colaborar con car�cter preferente y urgente con los o las representantes del Consejo Moral Republicano en sus investigaciones. Este podr� solicitarles las declaraciones y documentos que consideren necesarios para el desarrollo de sus funciones, incluidos aquellos que hayan sido clasificados o catalogados con car�cter confidencial o secreto de acuerdo con la ley. En todo caso, el Poder Ciudadano s�lo podr� suministrar la informaci�n contenida en documentos confidenciales o secretos mediante los procedimientos que establezca la ley.rnrnArt�culo 278. El Consejo Moral Republicano promover� todas aquellas actividades pedag�gicas dirigidas al conocimiento y estudio de esta Constituci�n, al amor a la patria, a las virtudes c�vicas y democr�ticas, a los valores trascendentales de la Rep�blica y a la observancia y respeto de los derechos humanos.rnrnArt�culo 279. El Consejo Moral Republicano convocar� un Comit� de Evaluaci�n de Postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estar� integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantar� un proceso p�blico de cuyo resultado se obtendr� una terna por cada �rgano del Poder Ciudadano, la cual ser� sometida a la consideraci�n de la Asamblea Nacional. Esta, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escoger� en un lapso no mayor de treinta d�as continuos, al o a la titular del �rgano del Poder Ciudadano que est� en consideraci�n. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someter� la terna a consulta popular.rnrnEn caso de no haber sido convocado el Comit� de Evaluaci�n de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional proceder�, dentro del plazo que determine la ley, a la designaci�n del titular o la titular del �rgano del Poder Ciudadano correspondiente.rnrnLos o las integrantes del Poder Ciudadano ser�n removidos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley.rnrnSecci�n Segunda: De la Defensor�a del PueblornrnArt�culo 280. La Defensor�a del Pueblo tiene a su cargo la promoci�n, defensa y vigilancia de los derechos y garant�as establecidos en esta Constituci�n y los tratados internacionales sobre derechos humanos, adem�s de los intereses leg�timos, colectivos o difusos, de los ciudadanos y ciudadanas.rnrnLa Defensor�a del Pueblo actuar� bajo la direcci�n y responsabilidad del Defensor o Defensora del Pueblo, quien ser� designado o designada por un �nico per�odo de siete a�os.rnrnPara ser Defensor o Defensora del Pueblo se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta a�os, con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, �tica y moral que establezca la ley. Las faltas absolutas o temporales del Defensor o Defensora del Pueblo ser�n cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en la ley.rnrnArt�culo 281. Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo:rn:1. Velar por el efectivo respeto y garant�a de los derechos humanos consagrados en esta Constituci�n y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la Rep�blica, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento. rn:2. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios p�blicos, amparar y proteger los derechos e intereses leg�timos, colectivos o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestaci�n de los mismos, interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los da�os y perjuicios que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los servicios p�blicos. rn:3. Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, h�beas corpus, h�beas data y las dem�s acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones se�aladas en los numerales anteriores, cuando fuere procedente de conformidad con la ley. rn:4. Instar al Fiscal o a la Fiscal General de la Rep�blica para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios p�blicos o funcionarias p�blicas, responsables de la violaci�n o menoscabo de los derechos humanos. rn:5. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar respecto de los funcionarios p�blicos o funcionarias p�blicas responsables por la violaci�n o menoscabo de los derechos humanos. rn:6. Solicitar ante el �rgano competente la aplicaci�n de los correctivos y las sanciones a que hubiere lugar por la violaci�n de los derechos del p�blico consumidor y usuario, de conformidad con la ley. rn:7. Presentar ante los �rganos legislativos municipales, estadales o nacionales, proyectos de ley u otras iniciativas para la protecci�n progresiva de los derechos humanos. rn:8. Velar por los derechos de los pueblos ind�genas y ejercer las acciones necesarias para su garant�a y efectiva protecci�n. rn:9. Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los �rganos del Estado, a fin de garantizar la protecci�n de los derechos humanos. rn:10. Formular ante los �rganos correspondientes las recomendaciones y observaciones necesarias para la eficaz protecci�n de los derechos humanos, en virtud de lo cual desarrollar� mecanismos de comunicaci�n permanente con �rganos p�blicos o privados, nacionales e internacionales, de protecci�n y defensa de los derechos humanos. rn:11. Promover y ejecutar pol�ticas para la difusi�n y efectiva protecci�n de los derechos humanos. rn:12. Las dem�s que establezcan esta Constituci�n y la ley. rnrnArt�culo 282. El Defensor o Defensora del Pueblo gozar� de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, no podr� ser perseguido o perseguida, detenido o detenida, ni enjuiciado o enjuiciada por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones. En cualquier caso conocer� de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia.rnrnArt�culo 283. La ley determinar� lo relativo a la organizaci�n y funcionamiento de la Defensor�a del Pueblo en el �mbito municipal, estadal, nacional y especial. Su actividad se regir� por los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio.rnrnSecci�n Tercera: Del Ministerio P�blicornrnArt�culo 284. El Ministerio P�blico estar� bajo la direcci�n y responsabilidad del Fiscal o la Fiscal General de la Rep�blica, quien ejercer� sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias que determine la ley.rnrnPara ser Fiscal General de la Rep�blica se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. El Fiscal o la Fiscal General de la Rep�blica ser� designado o designada para un per�odo de siete a�os.rnrnArt�culo 285. Son atribuciones del Ministerio P�blico:rn:1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garant�as constitucionales, as� como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la Rep�blica. rn:2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administraci�n de justicia, el juicio previo y el debido proceso. rn:3. Ordenar y dirigir la investigaci�n penal de la perpetraci�n de los hechos punibles para hacer constar su comisi�n con todas las circunstancias que puedan influir en la calificaci�n y responsabilidad de los autores o las autoras y dem�s participantes, as� como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetraci�n. rn:4. Ejercer en nombre del Estado la acci�n penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley. rn:5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector p�blico, con motivo del ejercicio de sus funciones. rn:6. Las dem�s que establezcan esta Constituci�n y la ley. rnEstas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los o las particulares o a otros funcionarios o funcionarias de acuerdo con esta Constituci�n y la ley.rnrnArt�culo 286. La ley determinar� lo relativo a la organizaci�n y funcionamiento del Ministerio P�blico en los �mbitos municipal, estadal y nacional, proveer� lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los fiscales o las fiscales del Ministerio P�blico. Asimismo establecer� las normas para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su funci�n.rnrnSecci�n Cuarta: De la Contralor�a General de la Rep�blicarnrnArt�culo 287. La Contralor�a General de la Rep�blica es el �rgano de control, vigilancia y fiscalizaci�n de los ingresos, gastos, bienes p�blicos y bienes nacionales, as� como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonom�a funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuaci�n a las funciones de inspecci�n de los organismos y entidades sujetas a su control.rnrnArt�culo 288. La Contralor�a General de la Rep�blica estar� bajo la direcci�n y responsabilidad del Contralor o Contralora General de la Rep�blica, quien debe ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta a�os y con probada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo.rnrnEl Contralor o Contralora General de la Rep�blica ser� designado o designada para un per�odo de siete a�os.rnrnArt�culo 289. Son atribuciones de la Contralor�a General de la Rep�blica:rn:1. Ejercer el control, la vigilancia y fiscalizaci�n de los ingresos, gastos y bienes p�blicos, as� como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros �rganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley. rn:2. Controlar la deuda p�blica, sin perjuicio de las facultades que se atribuyan a otros �rganos en el caso de los Estados y Municipios, de conformidad con la ley. rn:3. Inspeccionar y fiscalizar los �rganos, entidades y personas jur�dicas del sector p�blico sometidos a su control; practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio p�blico, as� como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley. rn:4. Instar al Fiscal o a la Fiscal de la Rep�blica a que ejerzan las acciones judiciales a que hubiere lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio p�blico y de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones. rn:5. Ejercer el control de gesti�n y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y pol�ticas p�blicas de los �rganos, entidades y personas jur�dicas del sector p�blico sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes. rn:6. Las dem�s que establezcan esta Constituci�n y la ley. rnrnArt�culo 290. La ley determinar� lo relativo a la organizaci�n y funcionamiento de la Contralor�a General de la Rep�blica y del sistema nacional de control fiscal.rnrnArt�culo 291. La Contralor�a General de la Fuerza Armada Nacional es parte integrante del sistema nacional de control. Tendr� a su cargo la vigilancia, control y fiscalizaci�n de los ingresos, gastos y bienes p�blicos afectos a la Fuerza Armada Nacional y sus �rganos adscritos, sin menoscabo del alcance y competencia de la Contralor�a General de la Rep�blica. Su organizaci�n y funcionamiento lo determinar� la ley respectiva y estar� bajo la direcci�n y responsabilidad del Contralor o Contralora General de la Fuerza Armada Nacional, quien ser� designado o designada mediante concurso de oposici�n.rnrn=== Cap�tulo VrnDel Poder Electoral ===rnrnArt�culo 292. El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y, son organismos subordinados a �ste, la Junta Electoral Nacional, la Comisi�n de Registro Civil y Electoral y la Comisi�n de Participaci�n Pol�tica y Financiamiento, con la organizaci�n y el funcionamiento que establezca la ley org�nica respectiva.rnrnArt�culo 293. El Poder Electoral tienen por funciones:rn:1. Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vac�os que �stas susciten o contengan. rn:2. Formular su presupuesto, el cual tramitar� directamente ante la Asamblea Nacional y administrar� aut�nomamente. rn:3. Dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad pol�tico-electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. rn:4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. rn:5. La organizaci�n, administraci�n, direcci�n y vigilancia de todos los actos relativos a la elecci�n de los cargos de representaci�n popular de los poderes p�blicos, as� como de los referendos. rn:6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines pol�ticos en los t�rminos que se�ale la ley. As� mismo, podr�n organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de �stas, o por orden de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, entidades y organizaciones aqu� referidas cubrir�n los costos de sus procesos eleccionarios. rn:7. Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral. rn:8. Organizar la inscripci�n y registro de las organizaciones con fines pol�ticos y velar porque �stas cumplan las disposiciones sobre su r�gimen establecidas en la Constituci�n y en la ley. En especial, decidir� sobre las solicitudes de constituci�n, renovaci�n y cancelaci�n de organizaciones con fines pol�ticos, la determinaci�n de sus autoridades leg�timas y sus denominaciones provisionales, colores y s�mbolos. rn:9. Controlar, regular e investigar los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines pol�ticos. rn:10. Las dem�s que determine la ley. rnLos �rganos del Poder Electoral garantizar�n la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, as� como la aplicaci�n de la personalizaci�n del sufragio y la representaci�n proporcional.rnrnArt�culo 294. Los �rganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia org�nica, autonom�a funcional y presupuestaria, despartidizaci�n de los organismos electorales, imparcialidad y participaci�n ciudadana; descentralizaci�n de la administraci�n electoral, transparencia y celeridad del acto de votaci�n y escrutinios.rnrnArt�culo 295. El Comit� de Postulaciones Electorales de candidatos o candidatas a integrantes del Consejo Nacional Electoral, estar� integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley.rnrnArt�culo 296. El Consejo Nacional Electoral estar� integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines pol�ticos; tres de ellos o ellas ser�n postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jur�dicas y pol�ticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano.rnrnLos o las tres integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil tendr�n seis suplentes en secuencia ordinal, y cada designado o designada por las universidades y el Poder Ciudadano tendr� dos suplentes, respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisi�n de Registro Civil y Electoral y la Comisi�n de Participaci�n Pol�tica y Financiamiento, ser�n presididas cada una por un o una integrante postulado o postulada por la sociedad civil. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral durar�n siete a�os en sus funciones y ser�n elegidos o elegidas por separado: los tres postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada per�odo de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo.rnrnLos o las integrantes del Consejo Nacional Electoral ser�n designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral escoger�n de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad con la ley.rnrnLos o las integrantes del Consejo Nacional Electoral ser�n removidos o removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.rnrnArt�culo 297. La jurisdicci�n contencioso electoral ser� ejercida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y los dem�s tribunales que determine la ley.rnrnArt�culo 298. La ley que regule los procesos electorales no podr� modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el d�a de la elecci�n y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma.rnrn== T�TULO VIrnDEL SISTEMA SOCIO ECON�MICO ==rnrn=== Cap�tulo IrnDel R�gimen Socio Econ�mico y de la Funci�n del Estado en la Econom�a ===rnrnArt�culo 299. El r�gimen socioecon�mico de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protecci�n del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promover� el desarrollo arm�nico de la econom�a nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la poblaci�n y fortalecer la soberan�a econ�mica del pa�s, garantizando la seguridad jur�dica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la econom�a, para lograr una justa distribuci�n de la riqueza mediante una planificaci�n estrat�gica democr�tica participativa y de consulta abierta.rnrnArt�culo 300. La ley nacional establecer� las condiciones para la creaci�n de entidades funcionalmente descentralizadas para la realizaci�n de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad econ�mica y social de los recursos p�blicos que en ellas se inviertan.rnrnArt�culo 301. El Estado se reserva el uso de la pol�tica comercial para defender las actividades econ�micas de las empresas nacionales p�blicas y privadas. No se podr� otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros reg�menes m�s beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inversi�n extranjera esta sujeta a las mismas condiciones que la inversi�n nacional.rnrnArt�culo 302. El Estado se reserva, mediante la ley org�nica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de inter�s p�blico y de car�cter estrat�gico. El Estado promover� la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotaci�n de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnolog�as, generar empleo y crecimiento econ�mico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.rnrnArt�culo 303. Por razones de soberan�a econ�mica, pol�tica y de estrategia nacional, el Estado conservar� la totalidad de las acciones de Petr�leos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estrat�gicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petr�leos de Venezuela, S.A.rnrnArt�culo 304. Todas las aguas son bienes de dominio p�blico de la Naci�n, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecer� las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protecci�n, aprovechamiento y recuperaci�n, respetando las fases del ciclo hidrol�gico y los criterios de ordenaci�n del territorio.rnrnArt�culo 305. El Estado promover� la agricultura sustentable como base estrat�gica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la poblaci�n; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el �mbito nacional y el acceso oportuno y permanente a �stos por parte del p�blico consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzar� desarrollando y privilegiando la producci�n agropecuaria interna, entendi�ndose como tal la proveniente de las actividades agr�cola, pecuaria, pesquera y acu�cola. La producci�n de alimentos es de inter�s nacional y fundamental para el desarrollo econ�mico y social de la Naci�n. A tales fines, el Estado dictar� las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnol�gica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitaci�n de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estrat�gicos de autoabastecimiento. Adem�s, promover� las acciones en el marco de la econom�a nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agr�cola.rnrnEl Estado proteger� los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, as� como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los pr�ximos a la l�nea de costa definidos en la ley.rnrnArt�culo 306. El Estado promover� las condiciones para el desarrollo rural integral, con el prop�sito de generar empleo y garantizar a la poblaci�n campesina un nivel adecuado de bienestar, as� como su incorporaci�n al desarrollo nacional. Igualmente fomentar� la actividad agr�cola y el uso �ptimo de la tierra mediante la dotaci�n de las obras de infraestructuras, insumos, cr�ditos, servicios de capacitaci�n y asistencia t�cnica.rnrnArt�culo 307. El r�gimen latifundista es contrario al inter�s social. La ley dispondr� lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecer� las medidas necesarias para su transformaci�n en unidades econ�micas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocaci�n agr�cola. Los campesinos o campesinas y dem�s productores agropecuarios y productoras agropecuarias tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados en la ley respectiva. El Estado proteger� y promover� las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producci�n agr�cola. El Estado velar� por la ordenaci�n sustentable de las tierras de vocaci�n agr�cola para asegurar su potencial agroalimentario.rnrnExcepcionalmente se crear�n contribuciones parafiscales con el fin de facilitar fondos para financiamiento, investigaci�n, asistencia t�cnica, transferencia tecnol�gica y otras actividades que promuevan la productividad y la competitividad del sector agr�cola. La ley regular� lo conducente a esta materia.rnrnArt�culo 308. El Estado proteger� y promover� la peque�a y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, as� como tambi�n la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociaci�n comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo r�gimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo econ�mico del pa�s, sustent�ndolo en la iniciativa popular. Se asegurar� la capacitaci�n, la asistencia t�cnica y el financiamiento oportuno.rnrnArt�culo 309. La artesan�a e industrias populares t�picas de la Naci�n, gozar�n de protecci�n especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad, y obtendr�n facilidades crediticias para promover su producci�n y comercializaci�n.rnrnArt�culo 310. El turismo es una actividad econ�mica de inter�s nacional, prioritaria para el pa�s en su estrategia de diversificaci�n y desarrollo sustentable. Dentro de las fundamentaciones del r�gimen socioecon�mico previsto en esta Constituci�n, el Estado dictar� las medidas que garanticen su desarrollo. El Estado velar� por la creaci�n y fortalecimiento del sector tur�stico nacional.rnrn=== Cap�tulo IIrnDel R�gimen Fiscal y Monetario ===rnrnSecci�n Primera: Del R�gimen PresupuestariornrnArt�culo 311. La gesti�n fiscal estar� regida y ser� ejecutada con base en principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Esta se equilibrar� en el marco plurianual del presupuesto, de manera que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios.rnrnEl Ejecutivo Nacional presentar� a la Asamblea Nacional, para su sanci�n legal un marco plurianual para la formulaci�n presupuestaria que establezca los l�mites m�ximos de gasto y endeudamiento que hayan de contemplarse en los presupuestos nacionales. La ley establecer� las caracter�sticas de este marco, los requisitos para su modificaci�n y los t�rminos de su cumplimiento.rnrnEl ingreso que se genere por la explotaci�n de la riqueza del subsuelo y los minerales, en general, propender� a financiar la inversi�n real productiva, la educaci�n y la salud.rnrnLos principios y disposiciones establecidos para la administraci�n econ�mica y financiera nacional, regular�n la de los Estados y Municipios en cuanto sean aplicables.rnrnArt�culo 312. La ley fijar� l�mites al endeudamiento p�blico de acuerdo con un nivel prudente en relaci�n con el tama�o de la econom�a, la inversi�n reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda p�blica. Las operaciones de cr�dito p�blico requerir�n, para su validez, una ley especial que las autorice, salvo las excepciones que establezca la ley org�nica. La ley especial indicar� las modalidades de las operaciones y autorizar� los cr�ditos presupuestarios correspondientes en la respectiva ley de presupuesto.rnrnLa ley especial de endeudamiento anual ser� presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la Ley de Presupuesto.rnrnEl Estado no reconocer� otras obligaciones que las contra�das por �rganos leg�timos del Poder Nacional, de acuerdo con la ley.rnrnArt�culo 313. La administraci�n econ�mica y financiera del Estado se regir� por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentar� a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que se�ale la ley org�nica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por �sta, seguir� vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso.rnrnLa Asamblea Nacional podr� alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizar� medidas que conduzcan a la disminuci�n de los ingresos p�blicos ni gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del proyecto de Ley de Presupuesto.rnrnCon la presentaci�n del marco plurianual del presupuesto, la ley especial de endeudamiento y el presupuesto anual, el Ejecutivo Nacional har� expl�citos los objetivos de largo plazo para la pol�tica fiscal, y explicar c�mo dichos objetivos ser�n logrados, de acuerdo con los principios de responsabilidad y equilibrio fiscal.rnrnArt�culo 314. No se har� ning�n tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. S�lo podr�n decretarse cr�ditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el tesoro nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogaci�n; a este efecto, se requerir� previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorizaci�n de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisi�n Delegada.rnrnArt�culo 315. En los presupuestos p�blicos anuales de gastos, en todos los niveles de Gobierno, establecer� de manera clara, para cada cr�dito presupuestario, el objetivo espec�fico a que est� dirigido, los resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios p�blicos o funcionarias p�blicas responsables para el logro de tales resultados. �stos se establecer�n en t�rminos cuantitativos, mediante indicadores de desempe�o, siempre que ello sea t�cnicamente posible. El Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentar� a la Asamblea Nacional la rendici�n de cuentas y el balance de la ejecuci�n presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio.rnrnSecci�n Segunda: Del Sistema TributariornrnArt�culo 316. El sistema tributario procurar� la justa distribuci�n de las cargas publicas seg�n la capacidad econ�mica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, as� como la protecci�n de la econom�a nacional y la elevaci�n del nivel de vida de la poblaci�n; para ello se sustentar� en un sistema eficiente para la recaudaci�n de los tributos.rnrnArt�culo 317. No podr� cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no est�n establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ning�n tributo puede tener efecto confiscatorio.rnrnNo podr�n establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasi�n fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podr� ser castigada penalmente.rnrnEn el caso de los funcionarios p�blicos o funcionarias p�blicas se establecer� el doble de la pena.rnrnToda ley tributaria fijar� su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo se entender� fijado en sesenta d�as continuos. Esta disposici�n no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta Constituci�n.rnrnLa administraci�n tributaria nacional gozar� de autonom�a t�cnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su m�xima autoridad ser� designada por el Presidente o Presidenta de la Rep�blica, de conformidad con las normas previstas en la ley.rnrnSecci�n Tercera: Del Sistema Monetario NacionalrnrnArt�culo 318. Las competencias monetarias del Poder Nacional ser�n ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela es el Bol�var. En caso de que se instituya una moneda com�n en el marco de la integraci�n latinoamericana y caribe�a, podr� adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la Rep�blica.rnrnEl Banco Central de Venezuela es persona jur�dica de derecho p�blico con autonom�a para la formulaci�n y el ejercicio de las pol�ticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercer� sus funciones en coordinaci�n con la pol�tica econ�mica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Naci�n.rnrnPara el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendr� entre sus funciones las de formular y ejecutar la pol�tica monetaria, participar en el dise�o y ejecutar la pol�tica cambiaria, regular la moneda, el cr�dito y las tasas de inter�s, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley.rnrnArt�culo 319. El Banco Central de Venezuela se regir� por el principio de responsabilidad p�blica, a cuyo efecto rendir� cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus pol�ticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la ley. Tambi�n rendir� informes peri�dicos sobre el comportamiento de las variables macroecon�micas del pa�s y sobre los dem�s asuntos que se le soliciten, e incluir� los an�lisis que permitan su evaluaci�n. El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas, dar� lugar a la remoci�n del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo con la ley.rnrnEl Banco Central de Venezuela estar� sujeto al control posterior de la Contralor�a General de la Rep�blica y a la inspecci�n y vigilancia del organismo publico de supervisi�n bancaria, el cual remitir� informes de las inspecciones que realice a la Asamblea Nacional informes de las inspecciones que realice. El presupuesto de gastos operativos del Banco Central de Venezuela requerir� la discusi�n y aprobaci�n de la Asamblea Nacional, y sus cuentas y balances ser�n objeto de auditor�a externa en los t�rminos que fije la ley.rnrnSecci�n Cuarta: De la Coordinaci�n Macroecon�micarnrnArt�culo 320. El Estado debe promover y defender la estabilidad econ�mica, evitar la vulnerabilidad de la econom�a y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social.rnrnEl ministerio responsable de las finanzas y el Banco Central de Venezuela contribuir�n a la armonizaci�n de la pol�tica fiscal con la pol�tica monetaria, facilitando el logro de los objetivos macroecon�micos. En el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estar� subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podr� convalidar o financiar pol�ticas fiscales deficitarias.rnrnLa actuaci�n coordinada del Poder Ejecutivo y del Banco Central de Venezuela se dar� mediante un acuerdo anual de pol�ticas, en el cual se establecer�n los objetivos finales de crecimiento y sus repercusiones sociales, balance externo e inflaci�n, concernientes a las pol�ticas fiscal, cambiaria y monetaria, as� como los niveles de las variables intermedias e instrumentales requeridos para alcanzar dichos objetivos finales. Dicho acuerdo ser� firmado por el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y el o la titular del ministerio responsable de las finanzas, y divulgar� en el momento de la aprobaci�n del presupuesto por la Asamblea Nacional. Es responsabilidad de las instituciones firmantes del acuerdo que las acciones de pol�tica sean consistentes con sus objetivos. En dicho acuerdo se especificar�n los resultados esperados, las pol�ticas y las acciones dirigidas a lograrlos. La ley establecer� las caracter�sticas del acuerdo anual de pol�tica econ�mica y los mecanismos de rendici�n de cuentas.rnrnArt�culo 321. Se establecer� por ley un fondo de estabilizaci�n macroecon�mica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendr�n como principios b�sicos la eficiencia, la equidad y la no discriminaci�n entre las entidades p�blicas que aporten recursos al mismo.rnrn== T�TULO VIIrnDE LA SEGURIDAD DE LA NACI�N ==rnrn=== Cap�tulo IrnDisposiciones Generales ===rnrnArt�culo 322. La seguridad de la Naci�n es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de �sta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; tambi�n de las personas naturales y jur�dicas, tanto de derecho p�blico como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geogr�fico nacional.rnrnArt�culo 323. El Consejo de Defensa de la Naci�n es el m�ximo �rgano de consulta para la planificaci�n y asesoramiento del Poder P�blico en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Naci�n, su soberan�a y la integridad de su espacio geogr�fico. A tales efectos, le corresponde tambi�n establecer el concepto estrat�gico de la Naci�n. Presidido por el Presidente o Presidenta de la Rep�blica, lo conforman, adem�s, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificaci�n, y otros cuya participaci�n se considere pertinente. La ley org�nica respectiva fijar� su organizaci�n y atribuciones.rnrnArt�culo 324. S�lo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el pa�s, pasar�n a ser propiedad de la Rep�blica sin indemnizaci�n ni proceso. La Fuerza Armada Nacional ser� la instituci�n competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva la fabricaci�n, importaci�n, exportaci�n, almacenamiento, tr�nsito, registro, control, inspecci�n, comercio, posesi�n y uso de otras armas, municiones y explosivos.rnrnArt�culo 325. El Ejecutivo Nacional se reserva la clasificaci�n y divulgaci�n de aquellos asuntos que guarden relaci�n directa con la planificaci�n y ejecuci�n de operaciones concernientes a la seguridad de la Naci�n, en los t�rminos que la ley establezca.rnrn=== Cap�tulo IIrnDe los Principios de Seguridad de la Naci�n ===rnrnArt�culo 326. La seguridad de la Naci�n se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoci�n y conservaci�n ambiental y afirmaci�n de los derechos humanos, as� como en la satisfacci�n progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los �mbitos econ�mico, social, pol�tico, cultural, geogr�fico, ambiental y militar.rnrnArt�culo 327. La atenci�n de las fronteras es prioritaria en el cumplimiento y aplicaci�n de los principios de seguridad de la Naci�n. A tal efecto, se establece una franja de seguridad de fronteras cuya amplitud, reg�menes especiales en lo econ�mico y social, poblamiento y utilizaci�n ser�n regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el h�bitat de los pueblos ind�genas all� asentados y dem�s �reas bajo r�gimen de administraci�n especial.rnrn=== Cap�tulo IIIrnDe la Fuerza Armada Nacional ===rnrnArt�culo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una instituci�n esencialmente profesional, sin militancia pol�tica, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberan�a de la Naci�n y asegurar la integridad del espacio geogr�fico, mediante la defensa militar, la cooperaci�n en el mantenimiento del orden interno y la participaci�n activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constituci�n y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, est� al servicio exclusivo de la Naci�n y en ning�n caso al de persona o parcialidad pol�tica alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinaci�n. La Fuerza Armada Nacional est� integrada por el Ej�rcito, la Armada, la Aviaci�n y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misi�n, con un r�gimen de seguridad social integral propio, seg�n lo establezca su respectiva ley org�nica.rnrnArt�culo 329. El Ej�rcito, la Armada y la Aviaci�n tienen como responsabilidad esencial la planificaci�n, ejecuci�n y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Naci�n. La Guardia Nacional cooperar� en el desarrollo de dichas operaciones y tendr� como responsabilidad b�sica la conducci�n de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del pa�s. La Fuerza Armada Nacional podr� ejercer las actividades de polic�a administrativa y de investigaci�n penal que le atribuya la ley.rnrnArt�culo 330. Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situaci�n de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les est� permitido optar a cargo de elecci�n popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo pol�tico.rnrnArt�culo 331. Los ascensos militares se obtienen por m�rito, escalaf�n y plaza vacante. Son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional y estar�n regulados por la ley respectiva.rnrn=== Cap�tulo IVrnDe los �rganos de Seguridad Ciudadana ===rnrnArt�culo 332. El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden p�blico, proteger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pac�fico disfrute de las garant�as y derechos constitucionales, de conformidad con la ley, organizar�:rn:1. Un cuerpo uniformado de polic�a nacional. rn:2. Un cuerpo de investigaciones cient�ficas, penales y criminal�sticas. rn:3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administraci�n de emergencias de car�cter civil. rn:4. Una organizaci�n de protecci�n civil y administraci�n de desastres. rnLos �rganos de seguridad ciudadana son de car�cter civil y respetar�n la dignidad y los derechos humanos, sin discriminaci�n alguna.rnrnLa funci�n de los �rganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con los Estados y Municipios en los t�rminos establecidos en esta Constituci�n y en la ley.rnrn== T�TULO VIIIrnDE LA PROTECCI�N DE ESTA CONSTITUCI�N ==rnrn=== Cap�tulo IrnDe la Garant�a esta Constituci�n ===rnrnArt�culo 333. Esta Constituci�n no perder� su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.rnrnEn tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendr� el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.rnrnArt�culo 334. Todos los jueces o juezas de la Rep�blica, en el �mbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constituci�n y en la ley, est�n en la obligaci�n de asegurar la integridad de estaa Constituci�n.rnrnEn caso de incompatibilidad entre esta Constituci�n y una ley u otra norma jur�dica, se aplicar�n las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, a�n de oficio, decidir lo conducente.rnrnCorresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicci�n constitucional, declarar la nulidad de las leyes y dem�s actos de los �rganos que ejercen el Poder P�blico dictados en ejecuci�n directa e inmediata de la Constituci�n o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella.rnrnArt�culo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizar� la supremac�a y efectividad de las normas y principios constitucionales; ser� el m�ximo y �ltimo int�rprete de la Constituci�n y velar� por su uniforme interpretaci�n y aplicaci�n. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y dem�s tribunales de la Rep�blica.rnrnArt�culo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:rn:1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y dem�s actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta Constituci�n. rn:2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y dem�s actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecuci�n directa e inmediata de esta Constituci�n y que colidan con ella. rn:3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constituci�n. rn:4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecuci�n directa e inmediata de esta Constituci�n, dictados por cualquier otro �rgano estatal en ejercicio del Poder P�blico, cuando colidan con �sta. rn:5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la Rep�blica o de la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constituci�n de los tratados internacionales suscritos por la Rep�blica antes de su ratificaci�n. rn:6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepci�n dictados por el Presidente o Presidenta de la Rep�blica. rn:7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constituci�n, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su correcci�n. rn:8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cu�l debe prevalecer. rn:9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los �rganos del Poder P�blico. rn:10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jur�dicas dictadas por los Tribunales de la Rep�blica, en los t�rminos establecidos por la ley org�nica respectiva. rn:11. Las dem�s que establezcan esta Constituci�n y la ley. rnrn=== Cap�tulo IIrnDe los Estados de Excepci�n ===rnrnArt�culo 337. El Presidente o Presidenta de la Rep�blica, en Consejo de Ministros, podr� decretar los estados de excepci�n. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, econ�mico, pol�tico, natural o ecol�gico, que afecten gravemente la seguridad de la Naci�n, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podr�n ser restringidas temporalmente las garant�as consagradas en esta Constituci�n, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibici�n de incomunicaci�n o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la informaci�n y los dem�s derechos humanos intangibles.rnrnArt�culo 338. Podr� decretarse el estado de alarma cuando se produzcan cat�strofes, calamidades p�blicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Naci�n o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepci�n durar� hasta treinta d�as, siendo prorrogable hasta por treinta d�as m�s.rnrnPodr� decretarse el estado de emergencia econ�mica cuando se susciten circunstancias econ�micas extraordinarias que afecten gravemente la vida econ�mica de la Naci�n. Su duraci�n ser� de hasta sesenta d�as, prorrogable por un plazo igual.rnrnPodr� decretarse el estado de conmoci�n interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Naci�n, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongar� hasta por noventa d�as, siendo prorrogable hasta por noventa d�as m�s.rnrnLa aprobaci�n de la pr�rroga de los estados de excepci�n corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley org�nica regular� los estados de excepci�n y determinar� las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.rnrnArt�culo 339. El Decreto que declare el estado de excepci�n, en el cual se regular� el ejercicio del derecho cuya garant�a se restringe, ser� presentado, dentro de los ocho d�as siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisi�n Delegada, para su consideraci�n y aprobaci�n, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. El Decreto cumplir� con las exigencias, principios y garant�as establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos y en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la Rep�blica podr� solicitar su pr�rroga por un plazo igual, y ser� revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisi�n Delegada, antes del t�rmino se�alado, al cesar las causas que lo motivaron.rnrnLa declaraci�n del estado de excepci�n no interrumpe el funcionamiento de los �rganos del Poder P�blico.rnrn== T�TULO IXrnDE LA REFORMA CONSTITUCIONAL ==rnrn=== Cap�tulo IrnDe las Enmiendas ===rnrnArt�culo 340. La enmienda tiene por objeto la adici�n o modificaci�n de uno o varios art�culos de esta Constituci�n, sin alterar su estructura fundamental.rnrnArt�culo 341. Las enmiendas a la Constituci�n se tramitar�n en la forma siguiente:rn:1. La iniciativa podr� partir del quince por ciento de los ciudadanos inscritos y ciudadanas inscritas en el Registro Civil y Electoral; o de un treinta por ciento de los integrantes de la Asamblea Nacional o del Presidente o Presidenta de la Rep�blica en Consejo de Ministros. rn:2. Cuando la iniciativa parta de la Asamblea Nacional, la enmienda requerir� la aprobaci�n de �sta por la mayor�a de sus integrantes y se discutir�, seg�n el procedimiento establecido en esta Constituci�n para la formaci�n de leyes. rn:3. El Poder Electoral someter� a referendo las enmiendas a los treinta d�as siguientes a su recepci�n formal. rn:4. Se considerar�n aprobadas las enmiendas de acuerdo con lo establecido en esta Constituci�n y en la ley relativa al referendo aprobatorio. rn:5. Las enmiendas ser�n numeradas consecutivamente y se publicar�n a continuaci�n de esta Constituci�n sin alterar el texto de �sta, pero anotando al pie del art�culo o art�culos enmendados la referencia de n�mero y fecha de la enmienda que lo modific�. rnrn=== Cap�tulo IIrnDe la Reforma Constitucional ===rnrnArt�culo 342. La Reforma Constitucional tiene por objeto una revisi�n parcial de esta Constituci�n y la sustituci�n de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional.rnrnLa iniciativa de la Reforma de esta Constituci�n podr� tomarla la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayor�a de sus integrantes, el Presidente o Presidenta de la Rep�blica en Consejo de Ministros; o un n�mero no menor del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral que lo soliciten.rnrnArt�culo 343. La iniciativa de Reforma Constitucional ser� tramitada por la Asamblea Nacional en la forma siguiente:rn:1. El Proyecto de Reforma Constitucional tendr� una primera discusi�n en el per�odo de sesiones correspondiente a la presentaci�n del mismo. rn:2. Una segunda discusi�n por T�tulo o Cap�tulo, seg�n fuera el caso. rn:3. Una tercera y �ltima discusi�n art�culo por art�culo. rn:4. La Asamblea Nacional aprobar� el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de dos a�os, contados a partir de la fecha en la cual conoci� y aprob� la solicitud de reforma. rn:5. El proyecto de reforma se considerar� aprobado con el voto de las dos terceras partes de los o las integrantes de la Asamblea Nacional. rnrnArt�culo 344. El proyecto de Reforma Constitucional aprobado por la Asamblea Nacional se someter� a referendo dentro de los treinta d�as siguientes a su sanci�n. El referendo se pronunciar� en conjunto sobre la Reforma, pero podr� votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si as� lo aprobara un n�mero no menor de una tercera parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma as� lo hubiere solicitado el Presidente o Presidenta de la Rep�blica o un n�mero no menor del cinco por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.rnrnArt�culo 345. Se declarar� aprobada la Reforma Constitucional si el n�mero de votos afirmativos es superior al n�mero de votos negativos. La iniciativa de Reforma Constitucional que no sea aprobada, no podr� presentarse de nuevo en un mismo per�odo constitucional a la Asamblea Nacional.rnrnArt�culo 346. El Presidente o Presidenta de la Rep�blica estar� obligado u obligada a promulgar las Enmiendas o Reformas dentro de los diez d�as siguientes a su aprobaci�n. Si no lo hiciere, se aplicar� lo previsto en esta Constituci�n.rnrn=== Cap�tulo IIIrnDe la Asamblea Nacional Constituyente ===rnrnArt�culo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jur�dico y redactar una nueva Constituci�n.rnrnArt�culo 348. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podr�n tomarla el Presidente o Presidenta de la Rep�blica en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral.rnrnArt�culo 349. El Presidente o Presidenta de la Rep�blica no podr� objetar la nueva Constituci�n.rnrnLos poderes constituidos no podr�n en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente.rnrnUna vez promulgada la nueva Constituci�n, �sta se publicar� en la Gaceta Oficial de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente.rnrnArt�culo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradici�n republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocer� cualquier r�gimen, legislaci�n o autoridad que contrar�e los valores, principios y garant�as democr�ticos o menoscabe los derechos humanos.rnrn== DISPOSICI�N DEROGATORIA ==rnrn�nica. Queda derogada la Constituci�n de la Rep�blica de Venezuela decretada el veintitr�s de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jur�dico mantendr� su vigencia en todo lo que no contradiga esta Constituci�n.rnrn== DISPOSICIONES TRANSITORIAS ==rnrnPrimera. La ley especial sobre el r�gimen del Distrito Capital, prevista en el art�culo 18 de esta Constituci�n, ser� aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, y preservar� la integridad territorial del Estado Miranda. Mientras se aprueba la ley especial, se mantiene en vigencia el r�gimen previsto en la Ley Org�nica del Distrito Federal y en la Ley Org�nica de R�gimen Municipal.rnrnSegunda. Mientras se dicta la ley prevista en el art�culo 38 de esta Constituci�n, sobre adquisici�n, opci�n, renuncia y recuperaci�n de la nacionalidad, se considerar�n con domicilio en Venezuela los extranjeros o extranjeras que habiendo ingresado y permanecido legalmente en el territorio nacional, hayan declarado su intenci�n de fijar domicilio en el pa�s, tengan medios l�citos de vida y hayan residido en Venezuela ininterrumpidamente durante dos a�os.rnPor residencia se entender� la estad�a en el pa�s con �nimo de permanecer en �l. Las declaraciones de voluntad previstas en los art�culos 32, 33 y 36 de esta Constituci�n se har�n en forma aut�ntica por la persona interesada cuando sea mayor de edad, o por su representante legal, si no ha cumplido veinti�n a�osrnrnTercera. La Asamblea Nacional, dentro de los primeros seis meses siguientes a su instalaci�n, aprobar�:rn:1. Una reforma parcial del C�digo Penal para incluir el delito de desaparici�n forzada de personas, previsto en el art�culo 45 de esta Constituci�n. Mientras no se apruebe esta reforma se aplicar�, en lo que sea posible, la Convenci�n Interamericana Sobre Desaparici�n Forzada de Personas. rn:2. Una ley org�nica sobre estados de excepci�n. rn:3. Una ley especial para establecer las condiciones y caracter�sticas de un R�gimen especial para los Municipios Jos� Antonio Pa�z y R�mulo Gallegos, del Estado Apure. Para la rlaboraci�n de esta ley, se oir� la opini�n del Presidente o Presidenta de la Rep�blica, de la Fuerza Armada Nacional, de la representaci�n que designe el Estado en cuesti�n y dem�s instituciones involucradas en la problem�tica fronteriza. rnrnCuarta. Dentro del primer a�o, contado a partir de su instalaci�n, la Asamblea Nacional aprobar�:rn:1. La legislaci�n sobre la sanci�n a la tortura, ya sea mediante ley especial o reforma del C�digo Penal.rn:2. Una ley org�nica sobre refugiados o refugiadas y asilados o asiladas, acorde con los t�rminos de esta Constituci�n y los tratados internacionales sobre la materia ratificados por Venezuela.rn:3. Mediante la reforma de la Ley Org�nica del Trabajo, un nuevo r�gimen para el derecho a prestaciones sociales reconocido en el art�culo 92 de esta Constituci�n, el cual integrar� el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con el �ltimo salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripci�n de diez a�os. Durante este lapso, mientras no entre en vigencia la reforma de la ley seguir� aplic�ndose de forma transitoria el r�gimen de la prestaci�n de antig�edad establecido en la Ley Org�nica del Trabajo vigente. Asimismo, contemplar� un conjunto de normas integrales que regulen la jornada laboral y propendan a su disminuci�n progresiva, en los t�rminos previstos en los acuerdos y convenios de la Organizaci�n Internacional del Trabajo suscritos por la Rep�blica.rn:4. Una ley org�nica procesal del trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicci�n laboral aut�noma y especializada, y la protecci�n del trabajador o trabajadora en los t�rminos previstos en esta Constituci�n y en las leyes. La Ley Org�nica Procesal del Trabajo estar� orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rector�a del juez o jueza en el proceso.rn:5. La legislaci�n referida al Sistema Judicial, a la Administraci�n P�blica Nacional, al Poder Ciudadano, al Poder Electoral, y a la legislaci�n tributaria, de R�gimen Presupuestario y de Cr�dito P�blico.rnUna ley org�nica sobre la defensa p�blica. Hasta tanto no se sancione dicha ley, la Comisi�n de Funcionamiento y Reestructuraci�n del Sistema Judicial, estar� a cargo del desarrollo y operatividad efectiva del Sistema Aut�nomo de la Defensa P�blica, a los fines de garantizar el derecho a la defensa.rn:6. Una ley que desarrolle la hacienda p�blica estadal, estableciendo, con apego a los principios y normas de esta Constituci�n, los tributos que la compongan, los mecanismos de su aplicaci�n y las disposiciones que la regulen.rn:7. La legislaci�n que desarrolle los principios constitucionales sobre el R�gimen Municipal. De conformidad con ella, los �rganos legislativos de los Estados proceder�n a sancionar los instrumentos normativos que correspondan a la potestad organizadora que tienen asignada con respecto a los Municipios y dem�s entidades locales, y a la divisi�n pol�tico territorial en cada jurisdicci�n. Se mantienen los Municipios y parroquias existentes hasta su adecuaci�n al nuevo r�gimen previsto en dicho ordenamiento.rn:8. La ley a la cual se ajustar� el Banco Central de Venezuela. Dicha ley fijar�, entre otros aspectos, el alcance de las funciones y forma de organizaci�n del instituto; el funcionamiento, per�odo, forma de elecci�n, remoci�n, r�gimen de incompatibilidades y requisitos para la designaci�n de su Presidente o Presidenta y Directores o Directoras; las reglas contables para la constituci�n de sus reservas y el destino de sus utilidades; la auditoria externa anual de las cuentas y balances, a cargo de firmas especializadas, seleccionadas por el Ejecutivo Nacional; y el control posterior por parte de la Contralor�a General de la Rep�blica en lo que se refiere a la legalidad, sinceridad, oportunidad, eficacia y eficiencia de la gesti�n administrativa del Banco Central de Venezuela.rnLa ley establecer� que el Presidente o Presidenta y dem�s integrantes del Directorio del Banco Central de Venezuela representar�n exclusivamente el inter�s de la Naci�n, a cuyo efecto fijar� un procedimiento p�blico de evaluaci�n de los m�ritos y credenciales de las personas postuladas a dichos cargos.rnrnLa ley establecer� que al Poder Ejecutivo corresponder�, la designaci�n del Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela y, al menos, de la mitad de sus Directores o Directoras; y establecer� los t�rminos de participaci�n del poder legislativo nacional en la designaci�n y ratificaci�n de estas autoridades.rn:9. La ley del cuerpo de polic�a nacional. En dicha ley se establecer� el mecanismo de integraci�n del Cuerpo T�cnico de Vigilancia del Tr�nsito y Transporte Terrestre al cuerpo de polic�a nacional.rnrnQuinta. En el t�rmino no mayor de un a�o a partir de la entrada en vigencia de esta Constituci�n, la Asamblea Nacional dictar� una reforma del C�digo Org�nico Tributario que establezca, entre otros aspectos:rn:1. La interpretaci�n estricta de las leyes y normas tributarias, atendiendo al fin de las mismas y a su significaci�n econ�mica, con el objeto de eliminar ambig�edades. rn:2. La eliminaci�n de excepciones al principio de no retroactividad de la ley. rn:3. Ampliar el concepto de renta presunta de manera de dotar con mejores instrumentos a la Administraci�n Tributaria. rn:4. Eliminar la prescripci�n legal para delitos tributarios graves, los cuales deben ser tipificados en el C�digo Org�nico Tributario. rn:5. La ampliaci�n de las penas contra asesores o asesoras, bufetes de abogados o de abogadas, auditores externos o auditoras externas y otros u otras profesionales que act�en en complicidad para cometer delitos tributarios, incluyendo periodos de inhabilitaci�n en el ejercicio de la profesi�n. rn:6. La ampliaci�n de las penas y la severidad de las sanciones contra delitos de evasi�n fiscal, aumentando los periodos de prescripci�n. rn:7. La revisi�n de atenuantes y agravantes de las sanciones para hacerlas m�s estrictas. rn:8. La ampliaci�n de las facultades de la Administraci�n Tributaria en materia de fiscalizaci�n. rn:9. El incremento del inter�s moratorio para disuadir la evasi�n fiscal. rn:10. La extensi�n del principio de solidaridad, para permitir que los directores o directoras, y asesores o asesoras respondan con sus bienes en caso de convalidar delitos tributarios. rn:11. La introducci�n de procedimientos administrativos m�s expeditos. rnrnSexta. La Asamblea Nacional en un lapso de dos a�os legislar� sobre todas las materias relacionadas con esta Constituci�n. Se le dar� prioridad a las leyes org�nicas sobre pueblos ind�genas, educaci�n y fronteras.rnrnS�ptima. A los fines previstos en el art�culo 125 de esta Constituci�n, mientras se apruebe la ley org�nica correspondiente, la elecci�n de los y las representantes ind�genas a la Asamblea Nacional, a los Consejos Legislativos Estadales y a los Consejos Municipales, se regir� por los siguientes requisitos de postulaci�n y mecanismos:rnrnTodas las comunidades u organizaciones ind�genas podr�n postular candidatos y candidatas que sean ind�genas.rnrnEs requisito indispensable, para ser candidato o candidata, hablar su idioma ind�gena, y cumplir con, al menos, una de las siguientes condiciones:rn:1. Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad. rn:2. Tener conocida trayectoria en la lucha social en pro del reconocimiento de su identidad cultural. rn:3. Haber realizado acciones en beneficio de los pueblos y comunidades ind�genas. rn:4. Pertenecer a una organizaci�n ind�gena legalmente constituida con un m�nimo de tres a�os de funcionamiento. rnSe establecer�n tres regiones: Occidente, compuesta por los Estados Zulia, M�rida y Trujillo; Sur, compuesta por los Estados Amazonas y Apure; y Oriente, compuesta por los Estados Bol�var, Delta Amacuro, Monagas, Anzo�tegui y Sucre.rnrnCada uno de los Estados que componen las regiones elegir� un representante. El Consejo Nacional Electoral declarar� electo al candidato o electa a la candidata que hubiere obtenido la mayor�a de los votos v�lidos en su respectiva regi�n o circunscripci�n.rnrnLos candidatos o las candidatas ind�genas estar�n en el tarjet�n de su respectivo Estado o circunscripci�n y todos los electores o electoras de ese Estado podr�n votarlos o votarlas.rnrnPara los efectos de la representaci�n ind�gena en los Consejos Legislativos y en los Consejos Municipales de los Estados y Municipios con poblaci�n ind�gena, se tomar� el censo oficial de 1992 de la Oficina Central de Estad�stica e Inform�tica. Las elecciones se realizar�n de acuerdo con las normas y requisitos aqu� establecidos.rnrnEl Consejo Nacional Electoral garantizar� con apoyo de expertos o expertas indigenistas y organizaciones ind�genas el cumplimiento de los requisitos aqu� se�alados.rnrnOctava. Mientras se promulgan las nuevas leyes electorales previstas en esta Constituci�n los procesos electorales ser�n convocados, organizados, dirigidos y supervisados por el Consejo Nacional Electoral.rnrnPara el primer per�odo del Consejo Nacional Electoral, previsto en esta Constituci�n, todos sus integrantes ser�n designados o designadas simult�neamente. En la mitad del per�odo, dos de sus integrantes ser�n renovados o renovadas de acuerdo con lo establecido en la ley org�nica correspondiente.rnrnNovena. Mientras no se dicten las leyes relativas al Cap�tulo IV del T�tulo V de esta Constituci�n, se mantendr�n en vigencia las Leyes Org�nicas del Ministerio P�blico y de la Contralor�a General de la Rep�blica. En cuanto a la Defensor�a del Pueblo, el o la titular ser� designado o designada de manera provisoria por la Asamblea Nacional Constituyente. El Defensor o Defensora del Pueblo adelantar� lo correspondiente a la estructura organizativa, integraci�n, establecimiento de presupuesto e infraestructura f�sica, tomando como base las atribuciones que le establece la Constituci�n.rnrnD�cima. Lo dispuesto en el numeral 4 del art�culo 167 de esta Constituci�n, sobre la obligaci�n que tienen los Estados de destinar un m�nimo del cincuenta por ciento del situado constitucional a la inversi�n, entrar� en vigencia a partir del primero de enero del a�o dos mil uno.rnrnDecimoprimera. Hasta tanto se dicte la legislaci�n nacional relativa al r�gimen de las tierras bald�as, la administraci�n de las mismas continuar� siendo ejercida por el Poder Nacional, conforme a la legislaci�n vigente.rnrnDecimosegunda. La demarcaci�n del h�bitat ind�gena, a que se refiere el art�culo 119 de esta Constituci�n, se realizar� dentro del lapso de dos a�os contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constituci�n.rnrnDecimotercera. Hasta tanto los Estados asuman por ley estadal las competencias referidas en el numeral 7 del art�culo 164 de esta Constituci�n, se mantendr� el r�gimen vigente.rnrnDecimocuarta. Mientras no se dicte la legislaci�n que desarrolle los principios de esta Constituci�n sobre el r�gimen municipal, continuar�n plenamente vigentes las ordenanzas y dem�s instrumentos normativos de los Municipios, relativos a las materias de su competencia y al �mbito fiscal propio, que tienen atribuido conforme al ordenamiento jur�dico aplicable antes de la sanci�n de esta Constituci�n.rnrnDecimoquinta. Hasta tanto se apruebe la legislaci�n a que se refiere el art�culo 105 de esta Constituci�n, se mantendr� en vigencia el ordenamiento jur�dico aplicable antes de la sanci�n de esta Constituci�nrnrnDecimosexta. Para el enriquecimiento del acervo hist�rico de la naci�n, el cronista de la Asamblea Nacional Constituyente coordinar� lo necesario para salvaguardar las grabaciones o registros que de las sesiones y actividades de la Asamblea Nacional Constituyente se realizaron en imagen, en sonido; en documentos escritos, digitales, fotogr�ficos o hemerogr�ficos, audio; y en cualquier otra forma de documento elaborado.rnrnTodos estos documentos quedar�n bajo la protecci�n del Archivo General de la Naci�n.rnrnDecimos�ptima. El nombre de la Rep�blica una vez aprobada esta Constituci�n ser� �Rep�blica Bolivariana de Venezuela�, tal como est� previsto en su art�culo uno. Es obligaci�n de las autoridades e instituciones, tanto p�blicas como privadas, que deban expedir registros, t�tulos o cualquier otro documento, utilizar el nombre de �Rep�blica Bolivariana de Venezuela�, de manera inmediata.rnrnEn tr�mites rutinarios las dependencias administrativas agotar�n el inventario documental de papeler�a; su renovaci�n se har� progresivamente con la mencionada denominaci�n, en un plazo que no exceder� de cinco a�os.rnrnLa circulaci�n de monedas acu�adas y billetes emitidos con el nombre de �Rep�blica de Venezuela�, estar� regulada por la Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela contemplada en la Disposici�n Transitoria Cuarta de esta Constituci�n, en funci�n de hacer la transici�n a la denominaci�n �Rep�blica Bolivariana de Venezuela�.rnrnDecimoctava. A los fines de asegurar la vigencia de los principios establecidos en el art�culo 113 de esta Constituci�n, la Asamblea Nacional dictar� una ley que establezca, entre otros aspectos, el organismo de supervisi�n, control y fiscalizaci�n que deba asegurar la efectiva aplicaci�n de estos principios y las disposiciones y dem�s reglas que los desarrollen.rnrnLa persona que presida o dirija este organismo, ser� designada por el voto de la mayor�a de los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, previo informe favorable de una comisi�n especial designada de su seno al efecto.rnrnLa ley establecer� que los funcionarios o funcionarias de la Administraci�n P�blica y los jueces o juezas llamados o llamadas a conocer y decidir las controversias relacionadas con las materias a que se refiere el art�culo 113 de esta Constituci�n, observen, con car�cter prioritario y excluyente, los principios all� definidos, y se abstengan de aplicar cualquier disposici�n susceptible de generar efectos contrarios a ellos.rnrnLa ley establecer� en las concesiones de servicios p�blicos, la utilidad para el concesionario o concesionaria y el financiamiento de las inversiones estrictamente vinculadas a la prestaci�n del servicio, incluyendo las mejoras y ampliaciones que la autoridad competente considere razonables y apruebe en cada caso.rnrn== DISPOSICI�N FINAL rnrn�nica. Esta Constituci�n entrar� en vigencia el mismo d�a de su publicaci�n en la Gaceta Oficial de la Rep�blica de Venezuela, despu�s de su aprobaci�n por el pueblo mediante referendo.rnrnAprobada por el pueblo de Venezuela, mediante referendo constituyente, a los quince d�as del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, y proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a los veinte d�as del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. A�o 189� de la Independencia y 140� de la Federaci�n.rnrnEl Presidente,rnLuis MiquilenarnrnEl Primer Vicepresidente,rnIsa�as Rodr�guezrnrnEl Segundo Vicepresidente,rnArist�bulo Ist�rizrnrnLos Constituyentes,rnrnLos Secretarios,rnrn----rn* V�ase tambi�n:rnrnVenezuela, Constituci�nrnrn----rnrnIniciado por:rnAkimbo2k 18:40 8 ene, 2003 (UTC)